CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo Sistema de Justicia Penal, con un plazo constitucional para su implementación que concluye en 47 días, costó cuatro mil 280 millones 476 mil 122 pesos.
Sin embargo, de acuerdo con información de la Presidencia de la República, este sistema sólo opera en su totalidad en cinco entidades: Chihuahua, Morelos, Estado de México, Yucatán y Nuevo León. En otras 25 entidades funciona de manera parcial y en dos aún no entra en vigor: Baja California Sur y Sonora.
En junio de 2008 entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, con cambios a diez artículos, siete de ellos en materia penal (16 al 22), y sentó las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal. Ante ello, el Poder Legislativo estableció un plazo de ocho años para su puesta en marcha por parte de las instituciones relacionadas con el sistema, el cual vence el 18 junio próximo.
La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), encabezada por María de los Ángeles Fromow Rangel, informó, mediante una solicitud de información, que ha canalizado 2.1 millones de pesos en 2009; 324.1 en 2010; 479.8 en 2011; 440 en 2012; 483.2 en 2013; 985.9 en 2014; 899.2 en 2015; y 665.8 en los primeros cuatro meses del 2016.
De acuerdo con Presidencia, el nuevo sistema de justicia penal tiene como principales beneficios: consolidar un sistema oral con mecanismos alternativos de solución de controversias; garantizar la reparación del daño y fomentar el respeto a los derechos humanos, y colocar a la víctima y al imputado en igualdad de circunstancias.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la implementación del nuevo sistema en las entidades federativas está en "riesgo". Como parte de la Cuenta Pública 2014, el órgano fiscalizador, encabezado por el Juan Manuel Portal, realizó una auditoría de desempeño a la Setec. Esta secretaría, la cual forma parte de la estructura de la Secretaría de Gobernación, coadyuva a que las entidades federativas implementen el nuevo sistema de justicia penal.
La revisión concluyó que la Setec no sólo carece de los indicadores, sino además de los mecanismos de supervisión y seguimiento de los subsidios otorgados y de la ejecución de los proyectos. Esto "significa un riesgo, en términos de que el sistema entrará en operación a nivel estatal en 2016, sin que se encuentre consolidado, por lo que podría no ser eficaz, expedito, imparcial y transparente, en beneficio de la sociedad", sentenció.