CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo Nayarit y Chiapas cuentan con una Ley del Sistema Local Anticorrupción (SLA) para iniciar con los nombramientos de su Comité de Participación Ciudadana, Comisión de Selección y reformas legales secundarias para homologarse con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y la Confederación Nacional de la República Mexicana (Coparmex) presentaron el 'Semáforo Anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción', un análisis de las reformas e iniciativas en cada entidad para establecer su Sistema Local Anticorrupción, el cual tiene de plazo para su implementación hasta el 18 de julio.
Contrario a Nayarit y Chiapas, Jalisco, Morelos y Veracruz incumplen con varios elementos, como no contar con una legislación y no reformar adecuadamente a las entidades superiores de Fiscalización, además de no otorgar autonomía a sus Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia.
Eduardo Bohórquez, titular de Transparencia Mexicana, señaló que hay un mandato constitucional de crear 32 sistemas estatales anticorrupción, y que son la base de partida para la ejecución de un Sistema Nacional Anticorrupción.
"Es una alianza que hemos establecido para que el SNA avance bien en todas sus partes, tanto en el plano nacional con sus distintos procesos que ya se echaron a andar, como en los planos estatales, que aseguremos que sea un auténtico sistema nacional y no un sistema federal que tiene algunas oficinas en los estados", dijo.
El estudio se dividió en dos partes: el semáforo de la reforma constitucional, que determina si la entidad cuenta con reformas o iniciativas, así como una estructura adecuada; y el semáforo de implementación de la Ley del SLA, que determina tiene o no una Ley del Sistema Local Anticorrupción o una iniciativa.
En torno a la primera evaluación, se observó que sólo 10 entidades tienen una reforma constitucional satisfactoria, mientras que nueve aún no cuentan con reforma constitucional; de las cuales sólo dos estados (Baja California Sur y Querétaro) contemplan que su entidad superior de fiscalización sea la que sancione las faltas administrativas no graves.
Además, nueve entidades no cuentan con una reforma constitucional para el SLA; tres cuentan con una reforma deficiente (Jalisco, Morelos y Veracruz) pues no tienen el nuevo régimen de responsabilidades administrativas ni reformaron su Tribunal Administrativo.
Morelos tiene el riesgo de inconstitucionalidad más alto, ya que su comité de Participación Ciudadana lo elige el Congreso estatal, contrario al objetivo de la reforma anticorrupción federal, que prevé que estos integrantes no deben tener vínculos partidistas.
Respecto al segundo análisis, 24 entidades no cuentan con una Ley del Sistema Local Anticorrupción o una iniciativa: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Y aunque ocho entidades cuentan con esa legislación, sólo dos tienen una ley que cumple con los parámetros para iniciar con los nombramientos de su Comisión de Selección, Comité de Participación Ciudadana y reformas legales secundarias.
El resto de las entidades cuentan sólo con iniciativas de ley que pueden ser perfectibles.
Max Keiser, del IMCO, señaló que si bien el semáforo analiza las carencias de los sistemas locales, éste no tiene capacidad para establecer sanciones: "la sanción social es la que queremos provocar, evidenciar a los estados".