Sigue existiendo tortura para extraer confesiones, reconoce Navarrete Prida
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Sigue existiendo tortura para extraer confesiones, reconoce Navarrete Prida

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Sigue existiendo tortura para extraer confesiones, reconoce Navarrete Prida

El titular de Segob dijo que la recomendación del organismo en el caso Iguala, están estudiando y analizando y no pasará de 'mañana o pasado mañana sin que se pueda responder'.

Susana Guzmán
28/11/2018
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CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reconoció que “sigue existiendo la tortura como método de extracción de confesiones, desafortunadamente ahora tenemos problemas más serios que no solo la tortura, la desaparición forzosa”.

No obstante dijo que en el caso Iguala, están estudiando y analizando las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no pasará de "mañana o pasado mañana sin que se pueda responder".

Cuestionado sobre sí se caería la "verdad histórica" que la Procuraduría General de la República (PGR) emitió con Jesús Murillo Karam al frente, la recomendación de la CNDH sostiene la presunta utilización de la tortura para extraer testimonios, dijo que es un poco prematuro dar una opinión pues “ahorita esto leyendo y estudiando la recomendación”.

“Pero no pasará de mañana o pasado mañana sin que lo podamos decir. De antemano lo señalo, las recomendaciones de la CNDH se deben aceptar, se deben de cumplir y se deben de profundizar”, añadió.

Entrevistado al término de la inauguración de la Sala de Cine Jorge Carpizo, el responsable de la política interna del país, quien estuvo acompañado de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que “debe profundizarse lo que señale la recomendación en todas sus áreas y esta será una constancia que espero que el día de mañana o pasado mañana se deje por parte de este gobierno y en lo fundamental analizar lo que el informe señala de la hipótesis más sólida jurídicamente que aporte el expediente, de lo que pudo haber ocurrido en este muy lamentable suceso”.

La recomendación, de 128 puntos, presentada este martes aclara que con esta instancia no se da por terminada la investigación del caso, sino que constituye un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que corresponderá a las nuevas autoridades continuar con las investigaciones penales del caso, "el desahogo puntual de las líneas de investigación que se proponen nos permitirá tener certeza sobre el destino de los normalistas despreciados y lograr que la justicia llegue a este caso”.

De acuerdo con el organismo, autoridades de los tres niveles de gobierno no hicieron nada para actuar y evitar los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y ésta situación “sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”.

González Pérez indicó que el documento sintetiza más de un millón de hojas y mil 255 tomos, resultado de las indagatorias sobre la desaparición de los normalistas de “la cual constituye la mayor aproximación a la verdad que hasta hoy se tenga en el presente asunto”.

Al afirmar que se trata del caso más ominoso y complejo en la historia de la CNDH, comentó que en las pesquisas que realizó se vio obstaculizada por la falta de cooperación de diversas autoridades que recurrentemente le negaron acceso a la información en su poder, o bien entregaron información de manera parcial, incompleta o desordenada.

Además, de manera negligente o dolosa se negaron a llevar a cabo diligencias o ejecutar acciones que habrían permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos, evitar que elementos probatorios se perdieran o contaminaran.

El titular de la CNDH resaltó que la verdad es el mejor instrumento para la justicia, sin embargo en diversas ocasiones las autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad al formular o difundir declaraciones sesgadas o información parcial.

Lo anterior, sostuvo, dado que desorientó, confundió y generó incertidumbre en la opinión pública, propiciando que las víctimas fueran revictimizadas, al grado que sin contar con evidencias comprobadas se dio por sentado que los estudiantes desaparecidos habían sido ejecutados.

Además, cuando se hizo público y divulgó el desarrollo de una supuesta diligencia ministerial que posteriormente se acreditó fue desarrollada al margen de la ley, así como el haber negado que existiera material óseo susceptible de ser analizado genéticamente adicional a aquel sobre el que se hizo público que se habían realizado pruebas con resultados limitados.

Con información de Notimex