SFP y OCDE evalúan combate del cohecho a nivel internacional
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SFP y OCDE evalúan combate del cohecho a nivel internacional

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SFP y OCDE evalúan combate del cohecho a nivel internacional

La titular de la SFP, Arely Gómez, y el secretario de la OCDE, José Ángel Gurría, revisaron la aplicación de las recomendaciones respecto al sistema electrónico de contrataciones públicas.

Felipe Rodea
22/10/2018
José Ángel Gurría y Arely Gómez.
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Este lunes se reunieron la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, para evaluar la ruta de implementación del Reporte de Evaluación de la Fase 4 de México para implementar la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

Tras la reunión, se evaluó la relevancia de que México haya emitido el protocolo para prevenir, detectar, investigar, perseguir y sancionar el cohecho internacional, coordinado por la SFP.

El encuentro sirvió para analizar el avance en la implementación de las recomendaciones relativas a las mejoras del sistema electrónico de contrataciones públicas, planteadas por la OCDE, en el 'Estudio del sistema electrónico de contratación pública de México'. En ese sentido, Gómez González señaló que antes de concluir su gestión, las recomendaciones de corto plazo quedarán atendidas al cien por ciento.

La titular de la SFP destacó también el valor de la cooperación internacional para fortalecer políticas públicas en materia de contrataciones públicas abiertas y eficientes, por lo que agradeció el apoyo de la OCDE para fortalecer los esquemas de cooperación interinstitucional y los mecanismos para una lucha frontal contra la corrupción.

Ambos funcionarios expusieron que la colaboración de la OCDE con México a través del 'Estudio sobre Integridad' realizado en 2017, y cuya implementación ha sido revisada por este organismo durante este año, ayuda a formar una cultura de integridad en la sociedad y el sector público, reforzando la eficacia de los mecanismos de formación de valores, protección a denunciantes y rendición de cuentas.