CIUDAD DE MÉXICO.- Tomás Zeron de Lucio y seis personas más están bajo investigación de la Secretaria de la Función Pública y será esta dependencia la que determine su responsabilidad en la presunta alteración de pruebas en el caso Ayotzinapa.
Alfredo Higuera Bernal, responsable de la fiscalía especial para el caso Iguala, confirmó lo anterior advirtió que en caso de hallarlo responsable el servidor público sería sometido a una sanción administrativa.
"En el caso de (Tomás Zerón de Lucio) exdirector en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se dispuso que fuese la Función Pública quien determine el campo de responsabilidades, obviamente, basadas en una investigación que reunió todos los elementos del caso", precisó.
Dijo que será la Secretaría de la Función Pública quien resuelva si hay o no conflicto de intereses en el caso, ya que Arely Gómez, titular de esa secretaría, encabezó la PGR al momento de la presunta irregularidad que se indaga.
El anuncio se dio a más de dos años de la inspección realizada el 28 y 29 de octubre de 2014 en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, donde, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Zerón de Lucio alteró evidencias del caso para "fabricar" la llamada verdad histórica.
Según los expertos del GIEI, la diligencia, que consistió en el reconocimiento por parte de uno de los detenidos al lugar donde se habrían tirado los restos de los 43, no se integró al expediente.
Este jueves, en conferencia de prensa, en la que también estuvieron funcionarios de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, el fiscal Higuera Bernal informó de una reunión que tuvieron ayer con los padres de normalistas.
En el encuentro, ocurrido a seis meses de la última mesa conjunta, se acordaron ocho puntos, uno de ellos, que la PGR entregue a los padres la investigación completa que la visitaduría sobre presuntas irregularidades en el caso.
La indagatoria involucra a policías, ministerios públicos, peritos y al propio Zerón de Lucio, quien dejó la PGR en septiembre de 2016 y se integró al gabinete como secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
"Hoy quisieron el texto completo de ese dictamen final y se procedió a su entrega, y el campo de responsabilidades va en función de las atribuciones de cada una de las áreas gubernamentales", apuntó.
Según el funcionario, otra de las investigaciones en curso es la que se hace al teléfono de Omar García, director de la Agencia de Investigación Criminal, quien ocupó el cargo que dejó Zerón, y quien tiene señalamientos de un vínculo con grupos criminales implicados en el caso. El objetivo es determinar si el funcionario actuó en forma indebida.
Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores, dijo que los acuerdos con los padres de los 43 ya se notificaron a la CIDH, cuyos integrantes llegarán este mismo mes a México para conocer los avances del caso.
En tanto, Roberto Campa, subsecretario de Gobernación, detalló los ocho acuerdos, entre los que destacan nuevas reuniones periódicas, apoyo con tecnología y mantener la investigación de todas las líneas y requerimientos solicitados por el GIEI, 94 por ciento de las cuales se han cumplido, dijo Higuera.
Otro acuerdo es mantener el trabajo coordinado con la CIDH, mantener la búsqueda de los normalistas, apoyados con la tecnología LIDAR, emitir una circular para que todas las áreas de la PGR aporten la información que tengan del caso y concluir la investigación que inició la Fiscalía de Guerrero.