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Sentencian a 40 años de prisión a excandidato del PVEM ligado al narco

Saúl Solís Solís, 'El Lince', fue juzgado por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Saúl Solís Solís, 'El Lince', excandidato a diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y detenido por vínculos con el cártel Los Caballeros Templarios, recibió una sentencia de 40 años de prisión.

Un juez federal consideró que dicho sujeto es responsable del delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, con funciones de dirección, y contra la salud, en sus modalidades de tráfico de droga.

Con los elementos de prueba aportados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, también impuso a 'El Lince' 700 días multa.

Solís Solís fue detenido por el Ejército Mexicano el 19 de septiembre del 2011 en la población de Mújica, municipio de Nueva Italia, Michoacán, en cumplimento de una orden de aprehensión, por lo que quedó interno en el Centro de Readaptación Social Número 2, en Puente Grande Jalisco.

Entonces se le identificó como uno de los principales lugartenientes de Los Caballeros Templarios, grupo que entonces era dirigida por Nazario Moreno González, 'El Chayo'; Servando Gómez Martínez, 'La Tuta', Enrique Plancarte Solís y Kike Plancarte, este último primo de 'El Lince'.

'El Lince' nació el 10 de septiembre de 1962 en Apatzingán, Michoacán. Era el encargado del control de la siembra y cosecha de enervantes, tráfico de droga y manejo de laboratorios clandestinos, extorsiones, secuestros y homicidios en los municipios de la Huacana, Ario de Rosales, Nuevo Urecho, Tacámbaro y Turicato.

Entre 2003 y 2005 se desempeñó como director de Seguridad Pública de Turicato, Michoacán y en 2009 fue candidato del PVEM a una diputación federal y en años posteriores se le vinculó con diversos ataques a instalaciones de la Policía Federal y agresión y muerte de personal militar.

Éste y otros hechos llevaron a las autoridades federales a ofrecer una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien aportara información útil que permitiera su ubicación y detención.

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