Senadores del PAN impugnan decreto que militariza la seguridad pública

Los senadores de Acción Nacional (PAN) anunciaron que presentaron diversos amparos para impugnar el decreto de militarización de la seguridad pública que emitió el gobierno federal el pasado 11 de mayo.

Los legisladores del blanquiazul Kenia López Rabadán y Damián Zepeda Vidales informaron que esta impugnación busca que la seguridad pública del país no sea militarizada.

Además, señalaron, en videoconferencia de prensa, que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad debe cumplir los requisitos establecidos en la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional: extraordinaria, subordinada a las fuerzas civiles, fiscalizada, regulada y complementaria.

Respaldaron, por otra parte, la presentación de la controversia constitucional que llevó a cabo la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, ya que es evidente que el decreto representa una ilegalidad y debe ser la Suprema Corte de Justicia de la Nacional quien determine su constitucionalidad.

La reforma constitucional de Guardia Nacional, recordaron, estableció una institución de carácter civil para llevar a cabo la función de seguridad pública en México y ordenó el fortalecimiento de las policías a nivel nacional.

De igual manera, estableció como ayuda extraordinaria, la posibilidad de participación temporal de las Fuerzas Armadas, pero siempre bajo los principios establecidos por instancias internacionales, los cuales no han sido cumplidos por el Decreto del Ejecutivo.

Consideraron que el gobierno entregó a las Fuerzas Armadas la seguridad pública, lo cual es inconstitucional.

Por ello, afirmaron, con la impugnación, se busca corregir "este agravio a los mexicanos y se cumpla la reforma constitucional con el establecimiento de una Guardia Nacional de carácter civil y, en su caso, ayuda temporal extraordinaria, subordinada, fiscalizada, regulada y complementaria, de las Fuerzas Armadas, en tanto se fortalece la policía civil".

Refirieron que éste es el primer paso de la ruta de impugnación jurídica, ya que se encuentran revisando la posibilidad de otras vías de impugnación.