CIUDAD DE MÉXICO.- Los reclamos del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para dotar a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico que regule su actuar frente a los criminales, ya hizo eco en el Congreso, pues ya están en comisiones iniciativas, como la del PAN, para abrir el debate sobre el marco jurídico que defina el papel del Ejército en las labores de seguridad.
El PRI también anunció que su propuesta está casi lista para subir al pleno "en cuestión de días", pues la intención es que en este mismo periodo de sesiones se cuente con ese marco jurídico.
"Se trata de que el Ejército realice las labores de coadyuvancia que viene realizando de facto, pero no de derecho", aseveró el senador priista Patricio Martínez, en tanto que el también priista Arturo Zamora aclaró que se trata de todo un andamiaje jurídico que permita darle el marco de legalidad a las acciones del Ejército.
Respecto a la iniciativa panista, ésta propone crear la Ley de Seguridad Interior, con el propósito de regular la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de apoyo a las autoridades civiles, en los ámbitos local y federal.
Establece que "las fuerzas armadas podrán intervenir en dichas labores sólo cuando exista una "declaratoria de afectación de la seguridad interior", a petición del Ejecutivo federal, los gobernadores, el jefe de Gobierno, el Senado o por mayoría en algún Congreso local".
El senador panista Roberto Gil, quien presentó la iniciativa, explicó que "mientras no haya capacidad en las instituciones civiles, o mientras no se logre resolver de fondo el problema de la violencia y de la incursión del crimen organizado, sí vamos a recurrir a las Fuerzas Armadas para pacificar a México, pero debe ser sobre la base de nuestras instituciones y sobre el curso que establezca una ley".
El senador priista Miguel Romo, integrante de la Comisión de Justicia, confirmó que la intención es sacar las propuestas antes de que concluya este periodo de sesiones.
Dijo que la propuesta priista tiene como base la iniciativa que se revisa en San Lázaro. "Se trata de dar un sentido de actualización en el desempeño de sus funciones, pero sobre todo, incluir medidas de operación, de acción de las Fuerzas Armadas en facilitar y propiciar el respeto a los derechos humanos en el entorno de una acción, de seguridad pública, y de apoyo para la persecución de grupos de la delincuencia organizada", señaló.