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Senado contrata asesores sin experiencia y sin título profesional

La ASF realizó una auditoria a la Cámara alta, cuyo objetivo fue fiscalizar su gestión financiera del periodo de septiembre a diciembre de 2018.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) encontró en el Senado la contratación de asesores en materia legislativa sin experiencia y sin titulo profesional, procesos de licitación parciales de equipo digital y una camioneta usada, la no comprobación de viáticos de parte de los senadores, y la opacidad en el uso de las asignaciones a los grupos parlamentarios.

Como parte de la Cuenta Pública 2018, la ASF realizó una auditoria a la Cámara alta, cuyo objetivo fue fiscalizar su gestión financiera del periodo de septiembre a diciembre de 2018.

La entidad encargada del control externo de la administración pública federal emitió seis recomendaciones y tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

La ASF, que encabeza David Colmenares Páramo, encontró que el Senado contrató a 52 empleados bajo el régimen de honorarios para prestar servicios en "asesoría en materia legislativa", los cuales no cuentan con la experiencia o especialización que se requería para ocupar los puestos a que fueron asignados.

Además, detectó a 14 empleados de mando medio que no cuentan con título profesional, o bien, con la experiencia requerida, de acuerdo con lo establecido en los catálogos de puesto correspondientes.

En la auditoria practica, además se identificó que 73 contrataciones no se realizaron de conformidad con los canales de selección y reclutamiento de personal instituidos, toda vez que dichos procedimientos no se encuentran documentados en los expedientes respectivos.

Responsabilidades administrativas

La Auditoria Superior de la Federación, por otra parte, solicitó al Senado aplicar sanciones administrativas contra quien resulte responsable en las irregularidades de la licitación para adquirir una camioneta y equipo digital.

En el caso de la licitación de una camioneta "Sprinter Mercedez Benz, Cargo Van Extra Larga Básica", se estableció en las bases que debía ser entregada a la Cámara alta a más tardar el 31 de octubre de 2018.

Los resultados refieren que uno de los licitantes informó el 8 de agosto de ese mismo año que no existía disponibilidad en las agencias de la camioneta solicitada, por lo que se entregaría para el mes de febrero de 2019 y, por tanto, ofertó un vehículo similar; al no apegarse a las bases, se abstuvo de continuar en el proceso de licitación.

La ASF encontró que "el licitante que resultó adjudicado se identificó que éste ya contaba con la camioneta, ya que la factura de la citada unidad fue emitida por la agencia el 28 de febrero de 2018, situación que evidencia que en el proceso de licitación se favoreció al licitante adjudicado, además de que el citado vehículo pudo no haber sido nuevo".

Con respecto a la compra del equipo digital de alta definición por un monto de 18 millones de pesos, la ASF detectó que el Senado decidió continuar con el proceso de licitación, pese a que sabía que los equipos, al ser importados, no podrían ser entrega en el plazo requerido (se entregó hasta con 25 días naturales de atraso), lo que evidencia la falta de imparcialidad en el citado proceso

Además, la Auditoria solicitó iniciar el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, autorizaron el pago de la póliza de aseguramiento de la nueva sede sin contar con el instrumento jurídico en el que se establecieran las obligaciones y derechos tanto del Senado como de la compañía aseguradora, en incumplimiento de la Constitución.

En otro rubro, la ASF detectó que no se cuenta con ningún tipo de comprobante conforme a la ley que acredite el uso de alrededor de un millón 915 mil pesos corresponde a viáticos nacionales e internacionales otorgados a legisladores.

La Auditoria, finalmente, recomendó al Senado dar acceso a la documentación que respalda su aplicación de las asignaciones a los grupos parlamentarios con el fin de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas.

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