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Senado aprueba en lo general leyes de transparencia

Con 110 votos a favor, un sufragio en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó en lo general las leyes generales en materia de transparencia y acceso a la información.

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno del Senado de la República aprobó por amplia mayoría las leyes generales en materia de transparencia y acceso a la información, luego de dos años de intensas negociaciones entre los grupos parlamentarios.

El proyecto de ley, que fue avalado con 110 votos a favor, un sufragio en contra y una abstención, y que debió haber estado listo desde el 7 de febrero, establece como sujetos obligados en materia de transparencia a los sindicatos, los partidos políticos, los fideicomisos, así como todo organismo que reciba dinero público del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además, se propone la apertura de toda la información cuando se cometan violaciones graves de derechos humanos, en donde el IFAI se hará cargo de estos temas sin esperar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emita una recomendación al respecto.

También contempla la obligatoriedad a incorporar en las leyes federales y estatales un catálogo de sanciones económicas para multar a funcionarios públicos que se nieguen a entregar información.

En caso de que el servidor público incurra en dolo y negligencia para negar la información solicitada, la sanción económica alcanzará hasta los 100 mil pesos.

La senadora priista y presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, mencionó que algunos de los puntos más importantes del proyecto son la apertura de la información en caso de violaciones graves de derechos humanos, cuando no exista pronunciamiento previo de la autoridad competente.

También, abundó, los mecanismos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de fideicomisos y de fondos públicos que no cuenten con estructura; el modelo sancionatorio; la excepción en los comités de transparencia en materia de seguridad nacional.

Además, las causales de reserva en casos relacionados con la estabilidad financiera, económica, monetaria, de seguridad pública, así como la adición de las pruebas de daño y de interés público.

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