Segob llama a evitar sanciones penales para combatir emergencia por COVID-19
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Segob llama a evitar sanciones penales para combatir emergencia por COVID-19

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Segob llama a evitar sanciones penales para combatir emergencia por COVID-19

bulletReformas al Código Penal de Querétaro atentan contra los derechos humanos y contravienen los principios constitucionales, considera

Susana Guzmán
04/05/2020
Querétaro
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La Secretaría de Gobernación, hizo un llamado a los Congresos federal y locales, así como a los poderes Ejecutivo y Judicial, a no hacer uso del derecho penal para enfrentar la emergencia sanitaria y citó el caso de las reformas al Código Penal de Querétaro, cuyas sanciones atentan contra los derechos humanos y contravienen los principios constitucionales.

En un comunicado, la Segob, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que la reducción a la movilidad de las personas es un objetivo central para hacer frente a la propagación del virus SARS-CoV2; sin embargo, no se puede imponer el resguardo domiciliario mediante sanciones penales, ya que es una medida desproporcional que podría llegar a ser declarada inconstitucional por las autoridades competentes.

Subrayó que el derecho penal debe usarse como derecho límite, de ultima ratio, cuando otras medidas menos lesivas no funcionen para lograr el objetivo planteado.

Explicó que el pasado 29 de abril, el Congreso del estado de Querétaro aprobó una reforma al Código Penal local que contempla delitos nuevos y endurece existentes, alegando como motivo el combate a la propagación del COVID-19 entre ellos la implementación de cuatro a seis años de prisión “a la persona que no respete el periodo de aislamiento obligatorio impuesto por padecer una enfermedad transmisible grave o la cuarenta”.

Dicha reforma también contempla de tres a cinco años por desobedecer medidas de la autoridad durante una emergencia sanitaria y de tres a cinco años a quien se oponga a que la autoridad ejerza sus funciones y la pena sube hasta por una mitad más si se trata de autoridades de servicios de salud, seguridad o protección civil.

Encinas Rodríguez señaló que preocupa el artículo 289 que prevé dos a cinco años de prisión a las personas que obstruyan obras o trabajos públicos, con la agravante de cuatro a seis años si participan varias personas, pues este tipo penal criminaliza la protesta social.

El subsecretario argumentó que el aumento de penas privativas de la libertad no garantiza una disminución de los delitos, pero lesiona el tejido social, satura las prisiones, implican un gasto alto para el erario y tiene efectos trascendentales sobre los familiares y dependientes de las personas condenadas.

Además de que criminalizan la pobreza y tienen efectos desproporcionales sobre grupos excluidos y vulnerables.