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Nombran a Ricardo Sánchez fiscal de delitos contra prensa

La PGR designó a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, como el nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade, designó a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, como el nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Sánchez Pérez del Pozo es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con estudios de Maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Northwestern en Chicago.

Fue director general de Atención y Seguimiento de Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos de la PGR, director general adjunto en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y asesor en materia de medios de comunicación en la misma dependencia. 

También cuenta con experiencia en el Poder Judicial de la Federación y en el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex-Yugoslavia.

El nuevo fiscal cuenta con experiencia en materia de protección a personas dedicadas al ejercicio de la libertad de expresión como coordinador de la implementación de medidas cautelares y provisionales de organismos internacionales en materia de derechos humanos en coordinación con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Además ha representado al Estado mexicano ante la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sánchez Pérez del Pozo revisará cada uno de los casos que se investigan, mantendrá un contacto permanente con organizaciones de la sociedad civil y de periodistas, propiciando un diálogo permanente y transparente con la sociedad y reforzará la coordinación con las autoridades de los tres niveles de Gobierno.

En ese sentido, Cervantes Andrade instruyó a la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y al Fiscal, realizar todas y cada una de las acciones necesarias para garantizar que se evite la impunidad en hechos relacionados con ataques y agresiones a comunicadores, procurando en todo momento el acceso a la justicia y al derecho a la verdad de víctimas y ofendidos.

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