A propuesta del PRI, PAN y PRD, el pleno de la Cámara de Diputados avaló modificaciones a la recién aprobada Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, "para dar un mayor margen de maniobra a los estados para el uso de sus recursos (remanentes) en gasto corriente y para la amortización de deudas".
Con 317 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, las modificaciones de los partidos plantean que se podrá utilizar en gasto corriente hasta 5 por ciento de sus ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, a partir de 2019, siempre y cuando la entidad federativa se clasifique en un nivel de 'endeudamiento sostenible', en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Se da también a los gobiernos estatales "un mayor grado de maniobra en el uso de sus ingresos excedentes que se destinan a la amortización de deuda y fondos para desastres naturales".
Los cambios a dicha ley –que apenas entró en vigor en abril del año pasado– "busca también favorecer las condiciones en la contratación prudente de financiamientos y obligaciones, bajo los principios de transparencia y responsabilidad hacendaria", explicó la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gina Cruz, del PAN.
Actualmente, el artículo 14 señala que todos los estados, sin importar su nivel de endeudamiento, deben destinar al menos 50 por ciento de sus ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición a la amortización anticipada de la deuda pública y a los rubros antes mencionados, y no otorga la posibilidad de que los recursos se utilicen para gasto corriente.
Con los votos en contra y diversas abstenciones de legisladores del PAN, PRD, Morena, MC y el PES, el dictamen se aprobó en lo particular con 271 votos a favor, 45 en contra y tres abstenciones, y se turnó al Senado para su análisis y eventual ratificación.
Gina Cruz detalló que la reforma pretende "favorecer las condiciones en la contratación prudente de financiamientos y obligaciones bajo los principios de transparencia y responsabilidad hacendaria".
Dijo que se propone que cuando una entidad federativa se clasifique en un nivel de "endeudamiento elevado", de acuerdo con el Sistema de Alertas, deberá destinar cuando menos 50 por ciento de sus ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición a la amortización anticipada de la deuda pública.
También dedicar estos dineros al pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, a pasivos circulantes, al pago de sentencias definitivas emitidas por autoridades y a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, entre otras obligaciones.
Expuso que "a más de un año de su aplicación se han presentado las áreas de oportunidad para actualizar los preceptos normativos con las necesidades reales de los órdenes de gobiernos locales, a fin de promover y garantizar su eficiencia operativa".
Se señala que cuando un estado se clasifique en un nivel de "endeudamiento sostenible" podrá utilizar hasta 5 por ciento de los ingresos excedentes para cubrir gasto corriente. En el artículo Cuarto Transitorio del dictamen se aclara que esto entrará en vigor a partir del ejercicio fiscal 2019.