CIUDAD DE MÉXICO.- Pablo Gómez, representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que las reglas de la elección de sesenta diputados para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se apartan de las normas constitucionales y legales.
Están hechas,-dijo-, bajo pedido del presidente de la República, quien pretende controlar más de un tercio de los legisladores para tener derecho de veto sobre la nueva Constitución local.
Agregó que "la estrategia consiste en postular candidatos independientes falsos con el apoyo del gobierno federal. Al efecto, el Instituto Nacional Electoral planea permitir que se pueda registrar hasta cinco candidatos independientes con las mismas firmas de ciudadanos, no obstante que la ley electoral lo prohíbe", sostuvo.
De esa forma, señaló que con los seis diputados que nombrará Peña Nieto, según el decreto de reformas, sumados a los priistas y miembros del PVEM asignados por el Congreso de la Unión, los candidatos que surjan de la lista priista y por lo menos cinco 'pseudo independientes', podría ser suficiente para controlar más de un tercio de la Asamblea, es decir, más de 33 diputados de un total de cien.
En conferencia de prensa, Gómez Álvarez aseguró que "esos falsos candidatos independientes, con tan sólo 70 mil firmas (uno por ciento del listado electoral) para cinco de ellos, podrán ser diputados con unos 40 mil votos cada uno a partir de que se logren presentar como ciudadanos sin partido y críticos de los partidos con el propósito de obtener sufragios mediante el engaño".
De esta forma, advirtió que si se expide la norma de que las mismas firmas puedan servir para registrar hasta cinco candidatos independientes, se estará convirtiendo una norma democrática que permite a las personas sin partido registrar su candidatura en un instrumento para disfrazar candidatos oficialistas de ciudadanos sin partido y obtener los votos que el partido del gobierno no puede lograr en una competencia abierta.
De igual forma mencionó que "también se pretende hacer una distribución inconstitucional del financiamiento público, pues se ha programado que el día de mañana se apruebe que a cada partido político nacional les corresponderá una parte igualitaria del monto total a distribuir, sin tomar en cuenta la fuerza electoral que tiene cada partido en la ciudad de México, lo que beneficia al PRI y a sus partidos aliados, contradiciendo la fórmula de reparto del financiamiento público establecido en el artículo 41 base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Finalmente mencionó que los consejeros electorales planean atribuirle a cada partido y al conjunto de los candidatos independientes, que en buena medida serán oficialistas, el mismo tiempo para propaganda en radio y televisión, al margen de normas que durante muchos años se han aplicado durante las campañas electorales.