CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México rechaza cualquier acto unilateral, de cualquier país, que atente contra la dignidad de las personas migrantes y que fomente el racismo, la xenofobia o la discriminación.
Al fijar su posición respecto al Informe de la organización Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el gobierno de la República dejó en claro que México seguirá asegurando la mejor protección a sus nacionales en el exterior, además que fortalecerá la protección de las personas migrantes o refugiados en nuestro país.
En un comunicado dado a conocer de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), y la Procuraduría General de la República (PGR), se destaca que México está comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos de todas las personas migrantes, sin importar su condición migratoria.
En este sentido, señala que han realizado esfuerzos importantes a fin de aumentar sus capacidades para brindar protección a los migrantes que transitan por nuestro país y a los solicitantes de la condición de refugiado y protección internacional.
Asimismo, "se continuará fortaleciendo a las instituciones y los mecanismos existentes, lo mismo que las asociaciones con organismos internacionales y sociedad civil, con el fin de brindar la mejor protección las personas migrantes que lo requieren, así como a las personas en búsqueda de refugio".
En el documento, México da cuenta también de las recomendaciones emitidas por la CIDH en los casos de Nochixtlán, Ayotzinapa, personas desaparecidas, casos de tortura, protección a periodistas, violencia contra mujeres y niñas, derechos de los pueblos indígenas y apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Informó que en el caso Nochixtlán, a partir del 6 de julio de 2016, la PGR atrajo la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Por su parte la Segob ha mantenido comunicación con las víctimas y familiares a fin de garantizar la asistencia y la atención correspondiente para la reparación del daño.
Asimismo "el Estado reitera su sólido compromiso de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables en los caso de Tanhuato, Tlatlaya y Apatzingán.
En el caso Ayotzinapa, apuntó que la colaboración con la CIDH en caso de los estudiantes desaparecidos no ha cesado. El Gobierno de México reconoció la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo mandato concluyó en abril de 2016 y en julio de 2016, se acordó con los padres y representantes de las víctimas, así como con la propia CIDH, la creación de un mecanismo de seguimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión.
Respecto al apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos señaló que en durante la profunda crisis financiera tanto de la Comisión (CIDH) como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sufrida en 2016, México tomó el liderazgo para proponer una solución de largo aliento, que permita asegurar recursos previsibles y financiamiento sostenible al trabajo que realizan dichos órganos.
Dicha propuesta se encuentra en discusión en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se espera que sea aprobada en la próxima sesión de la Asamblea General de la OEA, en junio de 2017.
En materia de tortura México reiteró su rechazo más absoluto a este tipo de actos y el compromiso para prevenir su comisión y sancionar a los responsables. Para esos fines, se han puesto en marcha políticas y acciones encaminadas a su combate, lo que incluye no sólo protocolos de actuación y fortalecimiento institucional, sino también la consideración en el Congreso de la Unión del proyecto de Ley General en la materia.
Sobre la desaparición de personas, reconoció que el tema plantea retos muy importantes por lo que se reitera el compromiso de hacerle frente de forma decidida. De esa forma, el gobierno lleva a cabo mejoras continuas al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, además que ha puesto en marcha mecanismos de investigación y búsqueda, como el Protocolo Homologado aplicable a todas las procuradurías y fiscalías del país. Asimismo, a fines de 2015 se creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR.