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Ratifican a Eugenio Hernández orden de detención con fines de extradición

De acuerdo con los fiscales, el proceso comenzó el 17 de octubre, cuando el exgobernador de Tamaulipas fue notificado de la orden de detención, por lo que a partir de esa fecha Estados Unidos tiene 60 días para solicitar formalmente su extradición.

CIUDAD VICTORIA.- Al concluir la segunda audiencia, un juez federal le ratificó al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, la orden de detención provisional con fines de extradición a los Estados Unidos.

En el vecino país es acusado de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operar un negocio de envío sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.

La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal y fue presidida por el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Raymundo Serrano Nolasco, quien libró la orden de detención con fines de extradición contra el exmandatario, correspondiente al expediente 1/2017.

La audiencia inició a las 9:00 de la mañana pero ante la ausencia de los defensores de Hernández Flores y tras un receso de una hora, se reanudó con la presencia de dos defensores de oficio que se le asignaron.

Los fiscales leyeron la nota diplomática ASJ03092 emitida el 2 de febrero del 2016 y en la que se solicita la detención con fines de extradición del imputado; además se pidió reservar la identidad del acusado para respetar su derecho a la privacidad, por lo que la sala fue desalojada por el juez y la audiencia pasó a ser privada.

De acuerdo con los fiscales, el proceso comenzó el 17 de octubre del 2017 a las 23:55 horas, cuando fue notificado de la orden de detención, por lo que a partir de esa fecha el gobierno de Estados Unidos tiene 60 días para solicitar formalmente la extradición.

El exgobernador de Tamaulipas permanece recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria desde el pasado 6 de octubre, cuando fue detenido por los delitos de peculado y lavado de dinero, al apropiarse de una propiedad de mil 600 metros cuadrados, ubicada en el puerto de Altamira, propiedad del Gobierno estatal a través de un prestanombre, obteniendo amparos en contra de estas órdenes de aprehensión.

Sin embargo, permanecerá recluido para enfrentar los delitos que se le acusan en Estados Unidos; es requerido por la Corte Federal de
Distrito para el Distrito sur de Texas.

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