Alrededor de cuatro mil 700 millones de pesos de presupuesto federal tendría que devolver Quintana Roo, luego de que no se ha podido comprobar, ni sustentar ante el Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública la aplicación de los recursos en obras sociales y programas de bienestar colectivo de los años 2012, 2013 y 2014, declaró Rafael del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de Gestión Pública.
El funcionario estatal dijo que estos recursos están observados y no quiere decir que se tengan que devolver, sino que buscarán hacer los esfuerzos para conservarlos, dado que son 3 mil 700 millones de pesos de la ASF y mil millones de la SFP.
"Son observaciones distintas en la aplicación del recursos, algunos son por procedimientos de asignación de la obra, por sobreprecio y eso genera un daño patrimonial al recurso federal, que solicita el reintegro de la diferencia", afirmó.
El funcionario señaló que se irá a fondo en las auditorias que realiza la administración estatal y cuestionó el desmantelamiento institucional que vivió Quintana Roo durante el gobierno que encabezó Roberto Borge Angulo.
"Durante el tiempo que duró el gobierno anterior, no hubo ninguna investigación por observaciones encontradas en funcionarios y la dependencia sólo tenía dos abogados para estas tareas", indicó.
Dijo que hay ex funcionarios que no han acudido a su derecho de audiencia ante la Gestión Pública y la mayoría lo ha hecho por escrito, lo que genera más sospechas en el desvío de recursos.
Del Pozo Dergal comentó que si a este monto se le suman adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores y la deuda a proveedores, que son otros tres mil millones de pesos, más los 23 mil millones de pesos de deuda pública.
Dejó ver que si se suman las denuncias de enajenación de terrenos y la renta de maquinaria que se cobró y no se hizo, el montó podría sería ser superior.
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