Que estados combatan la evasión fiscal, pide procurador fiscal a diputados

El procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, demandó a la Cámara de Diputados que los gobiernos estatales también combatan la evasión fiscal, y que la recaudación sea repartible en las entidades.

En larga reunión virtual con legisladores federales de la Comisión de Hacienda sostuvo que los estados "deben participar en investigaciones", "queremos que se persigan los delitos fiscales y se acabe totalmente con esta práctica deleznable, sobre todo cuando estamos pasando por una pandemia donde vimos tantas carencias por la falta de presupuesto, y sabemos que las factureras se llevaban muy buena parte de esos recursos".

Lo de las factureras -resaltó- "es un tema gravísimo que implicaba cerca de los 500 mil millones de pesos de defraudación al año, de 2014 a 2018. Se ataca a estos grupos delictivos donde se persiguen los flujos de dinero y a las cabezas, en un trabajo coordinado con todas las autoridades".

Explicó que actualmente se integran los expedientes y elementos de prueba para realizar las investigaciones en dos vías: por defraudación fiscal y por lavado de dinero como delincuencia organizada. Próximamente se tendrán resultados, adelantó.

"Va a tener en este año asuntos con prisión preventiva oficiosa de delitos contra la seguridad nacional; es decir, las personas físicas o morales que incurrieron en delitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, artículo 108. Hay elementos para órdenes de aprehensión y en septiembre u octubre podamos obtener resultados; también al inicio del próximo año. Vamos avanzando", garantizó.

También aseguró que se realizan acciones coordinadas con el SAT para detectar evasión de los grandes contribuyentes, porque hay casos en que las transnacionales dejan una pequeña tasa de impuestos en el país y se llevan todas las utilidades.

Explicó que se hacen estudios para subir esos márgenes y elevar el porcentaje efectivo de pago. El objetivo es establecer una tasa de 2.5 por ciento efectiva porque algunas transnacionales sólo dejan el .9 por ciento actualmente, señaló.

Respecto a las querellas registradas en esta administración, comentó que han sido alrededor de 300, con diversos montos, a causa de defraudación y por delitos fiscales y financieros. Las demandas se presentan cada semana.

Sobre los acuerdos reparatorios, indicó que son por 12 o 13 mil millones de pesos. Hubo contribuyentes que se acercaron a negociar para evitar la querella y propusieron regularizar su situación fiscal. Uno de ellos pagó nueve mil millones de pesos y otros, incluso, anticiparon sus contribuciones a efecto de evitar la acción penal.

Aclaró que el acuerdo reparatorio sólo se realiza una vez, de no cumplir posteriormente enfrentarán un juicio penal y sentencia, por eso es muy delicado este proceso. "Es algo novedoso con cantidades realmente importantes".

En cuanto a los criterios de oportunidad, Romero Aranda aseguró que con la reforma fiscal 2020 "tenemos la posibilidad de utilizarlos para llegar a las cabezas delictivas", es decir, quien contrató a las personas que firmaron y realizaron las acciones.

"Con un criterio de oportunidad se puede acreditar que el superior dio la instrucción, cometió el delito o es el beneficiario, con esa declaración concatenada con otras pruebas puede fincarse acción penal, como en el caso de las factureras, por ejemplo", precisó.

En delitos fiscales por delincuencia organizada, explicó que también se aplica el criterio de oportunidad, porque abre el camino para llegar al contador y asesor financiero del grupo criminal, y "se puede ofrecer minimizar las penas o no ejercer acción penal contra él o los prestanombres, siempre y cuando nos diga quién es la cabeza de esa corporación criminal", con lo que es posible obtener resultados favorables.

Otro mecanismo era desviar recursos públicos a terceras personas beneficiarias en los tres órdenes de gobierno, y con los convenios de colaboración locales se pueden identificar estos procesos porque se conoce a las factureras, a fin de que todo lo recuperable pueda ir a los estados y municipios.

"Si acabamos con el esquema de factureras y defraudación podremos haber acabado con una parte importante de la corrupción. Si se acaban estos desvíos públicos y se cumplen con las obligaciones fiscales, creo que dimos un paso importante", apuntó.