CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando Monte Alejandro Rubido García, Comisionado Nacional de Seguridad, oficializó la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal de El Altiplano dio un dato que casi pasó inadvertido: el brazalete de seguridad que tenía este reo, no contaba con sistema de localización GPS y no se le podía rastrear.
Sin embargo, Sergio Ávalos Maldonado, experto en equipos de radiocomunicación y seguridad, aseguró que "aun con el brazalete que el prisionero tenía colocado se pudo haber impedido su fuga, pues pese a que no tenía GPS, cuando estos aparatos salen de su rango de acción o son arrancados, inmediatamente se activa una alarma en el centro de control de la prisión".
De acuerdo con el especialista, "el hecho de que Guzmán Loera se haya fugado con tanta facilidad de un penal de alta seguridad como El Altiplano sólo significa dos cosas: que el aparato fue desconectado o que la alarma fue ignorada".
Fabricados con una aleación de titanio, que los hace prácticamente indestructibles, los brazaletes de la nueva generación (utilizados en prisiones de alta seguridad en Estados Unidos), ofrecen localización en cualquier parte del mundo, las 24 horas e incluso miden concentraciones de alcohol en la sangre del reo. Cuestan mil 555 dólares, unos 25 mil pesos. Cuentan, además, con un programa perimetral; es decir, si el reo traspasa la zona de seguridad delimitada por el equipo, automáticamente se activan las alarmas. Además, no se requiere de un gran equipo, pues desde cualquier laptop se puede monitorear al reo en tiempo real.
Actualmente, la Procuraduría General de la República investiga los equipos de seguridad instalados en El Altiplano, adquiridos por Genaro García Luna durante la pasada administración. De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda, se establece que, en "medidas de seguridad para Centros Federales de Readaptación Social" se invirtieron 55 mil 246 millones 874 mil 707 pesos, aunque Hacienda sólo les había autorizado 32 mil 361 millones 935 mil 424 pesos; es decir, prácticamente el doble.
En el caso de El Altiplano, se construyó un cuartel para 400 elementos de la Policía Federal y 200 custodios con una inversión de 411 millones 606 mil 538 pesos. Más aún, García Luna gastó mil 403 millones 788 mil 447 pesos en la ampliación de la infraestructura para los Ceferesos Uno, Dos y Tres, cuyo objetivo fue "cubrir las necesidades de reclusión con las condiciones óptimas de operación".
La Auditoría Superior de la Federación reportó la contratación de la empresa Senstar Sellar Latinamerica, que realizó en El Altiplano la "instalación, puesta a punto y capacitación del sistema electrónico de detección de intrusión/fugas de áreas perimetrales y ductos verticales", y otros trabajos por 561 millones 70 mil pesos.
La principal actividad de esta empresa es la instalación de sensores sísmicos "para proteger de excavaciones a bancos, prisiones y otros bienes ocultos".