Propone diputada aumentar a 9 años de prisión la pena por violencia familiar

Magaly López Domínguez, diputada local en el Congreso de Oaxaca, propuso este jueves una reforma al Código Penal Federal para incrementar las penas contra la violencia familiar y ésta sea castigada con prisión de 3 a 9 años.

La pena vigente para la violencia familiar es de seis meses a cuatro años de prisión.

Dicho ilícito registró un incremento del 4 por ciento en su incidencia durante el último año, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según dichas cifras, entre enero y noviembre de 2020 se cometieron en el país 202 mil delitos de violencia familiar, contra 194 mil casos registrados en los mismos meses de 2019.

Por ello, la diputada Magaly López presentó la iniciativa para aumentar las penas para éste delito y "proteger a las mujeres".

La legisladora planteó también que la violencia familiar contra adultas mayores, mujeres con discapacidad, embarazadas y durante los tres meses posteriores al parto, debe ser sancionada con más años de cárcel, como ya ocurre en Oaxaca, donde la pena aumenta incluso hasta los 13 años y medio.

"La propuesta consiste en aumentarla como lo hicimos en Oaxaca para que sea castigada penas de 3 a 9 años de prisión con la posibilidad de aumentar cuando se ejerce contra personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas y hasta los tres meses posteriores al parto", precisó Magaly López Domínguez .

La propuesta de la legisladora implica que el Congreso de Oaxaca envíe al Congreso de la Unión una iniciativa con la propuesta clara, y su debida justificación, del aumento de la penalidad para ese tipo de ilícitos.

De acuerdo a la Ley, todos los Congresos locales tienen la facultad de presentar puntos de acuerdo o las reformas a la Constitución o leyes federales y esto se hace a través de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, quien elabora una "iniciativa de iniciativas" y la manda al Congreso federal.

La legisladora de Morena es quien propuso y logró prohibir la venta y suministro de alimentos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad en Oaxaca gracias a la llamada "Ley Antichatarra".

Aunque se enfrentó a gigantes de la industria para defender la salud y el bienestar de los infantes, la iniciativa salió adelante.