TUXTLA GUTIÉRREZ.- La Procuraduría General de Justicia de Chiapas solicitó al Congreso local el desafuero del alcalde de Chiapa de Corzo, Héctor Gómez Grajales, para que comparezca en una investigación sobre secuestro y extorsión de inmigrantes.
Dicha investigación, incluye a 21 policías municipales y a Hernán Gómez Grajales, hermano del presidente municipal.
El presidente del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer que recibieron la solicitud de desafuero. "La Procuraduría de Justicia envió el expediente, y se está analizando la solicitud para dictaminar su procedencia", dijo.
Sin embargo, antes de que fuera citado a audiencia, el alcalde solicitó licencia , por lo que se espera que este jueves, el Congreso la apruebe y nombre en su lugar al primer regidor, Javier Hernández Zarazúa.
En tanto, la procuraduría informó que fueron consignados por los delitos de secuestro y extorsión, siete de los 21 policías municipales de Chiapa de Corzo que pasado 11 de octubre fueron detenidos cuando tenían en el interior de las instalaciones del cuartel policíaco a migrantes centroamericanos a los que extorsionaban.
Los otros 14 uniformados tienen cargos por complicidad en estos delitos.
Cabe recordar que los policías habían detenido a un autobús en el que se transportaban 18 migrantes que intentaban cruzar el país. Bajaron a los migrantes, entre ellos niños de brazos, y los llevaron al cuartel de la policía, donde los tenían escondidos mientras los obligaban a proporcionarles los números telefónicos de sus familiares, a fin de extorsionarlos.
De acuerdo a la dependencia estatal, los policías declararon que operaban por instrucción del segundo comandante de la policía, Hernán Gómez Grajales, hermano del presidente municipal, por lo que fue detenido.
Por el momento, policías de la Secretaría de Seguridad de Chiapas asumieron la seguridad del municipio.
Chiapa de Corzo es paso obligado de los migrantes que entran por las regiones serranas que limitan con Guatemala, y son llevados a través de las represas de la zona centro del estado. Desde ahí toman la carretera que los conduce al centro del país.
A diferencia de los migrantes provenientes de los países del norte de África, Haití y Cuba, a quienes autoridades mexicanas les dan un pase de salida que les permite cruzar de manera legal por México, a quienes provienen de Centroamérica las autoridades migratorias los detienen y deportan a sus países de origen.
Por ello, para cruzar la frontera sur y luego el resto del país, son llevados por traficantes de personas a través de brechas y caminos de extravío; y en algunos casos –cuando pagan mayores recursos a los traficantes- son transportados por las carreteras. En este camino se pagan "cuotas" para evitar la revisión en los retenes migratorios y policíacos.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que anualmente ingresan de manera irregular, por la frontera sur de México, unos 150 mil migrantes.