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Prisión preventiva favorece el encarcelamiento injusto: ONU-DH

La ONU-DH lamentó que en la Cámara de Diputados se haya aprobado la reforma al artículo 19 para ampliar el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva de oficio.

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que la prisión preventiva oficiosa favorece el injusto encarcelamiento de las personas y lesiona el derecho a la libertad personal.

Lamentó que en la Cámara de Diputados se haya aprobado la reforma al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva de oficio.

Subrayó que la prisión preventiva oficiosa es irreconciliable con los derechos humanos, pues automatiza el encarcelamiento de las personas acusadas por un determinado delito, sin permitir que el juez decida en cada caso.

Recordó que, durante el proceso legislativo, diversos organismos internacionales especializados señalaron la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado mexicano.

"Se trata de una figura que favorece el injusto encarcelamiento de las personas, lesiona el derecho a la libertad personal, violenta la presunción de inocencia, vulnera el derecho a la defensa adecuada, trastoca la independencia judicial y favorece la tortura y los malos tratos", puntualizó.

La ONU-DH consideró que el Estado mexicano debe adoptar medidas eficaces que permitan resolver los niveles de criminalidad e impunidad, sin embargo, remarcó que la solución no es a través del recurso de la prisión preventiva oficiosa.

Indicó que dicha figura es una herencia negativa del sistema penal inquisitivo, que debilita las capacidades de investigación del delito, la adecuada implementación del sistema penal acusatorio y la construcción de un auténtico Estado democrático de derecho.

Por ello, llamó "al Estado mexicano a favorecer la instrumentación de medidas alternativas a la privación de la libertad para las personas que no han sido condenadas en juicio, robustecer a la defensoría pública, combatir el retraso en los procesos judiciales, fortalecer la independencia judicial, mejorar las condiciones de detención y garantizar el derecho a la reparación integral a toda persona que haya sido injustamente encarcelada".