CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Revolucionario Institucional presentó una queja en la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de los candidatos a gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién y de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, por recibir aportaciones indebidas e ilícitas para sus campañas.
El representante suplente del PRI ante el INE, José Antonio Hernández Fragua, denunció las presuntas violaciones flagrantes a la ley electoral, que prohíbe recibir recursos de personas no autorizadas, según una conversación telefónica de los candidatos, y pidió la cancelación de sus registros.
"De la propia conversación se desprende que una persona denominada "Cors", como se le llama en la conversación, otorgará seis kilos mensuales a la campaña de ambos desde el día de la conversación hasta el día de la celebración de la elección; lo cual representa una cantidad importante de recursos, aportada de una manera indebida a una campaña política", dijo.
Por ello, el PRI pidió al INE abrir una investigación y requerir información a la Comisión Nacional Bancaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para revisar las operaciones financieras y el origen de los recursos de las campañas de los candidatos.
Por otra parte, se dio a conocer que el viernes, el PRI presentó la solicitud formal al INE para que ejerza la facultad de atracción de las elecciones en Sonora, ante la intervención del gobernador Guillermo Padrés en el proceso, se integre una comisión especial de consejos electorales para revisar la actuación de los consejeros del órgano local, y solicitar el auxilio de la fuerza pública.
El representante propietario del PRI, Jorge Carlos Ramírez, denunció que el gobernador Padrés ha desplegado diversas acciones tendientes a inhibir el voto, atemorizar su ejercicio, usar el aparato estatal, los servidores y los recursos públicos para amedrentar y atacar a sus opositores, en favor del candidato panista Javier Gándara Magaña.
Asimismo, señaló el espionaje telefónico y ataques contra la candidata del PRI a la gubernatura de Sonora, Claudia Pavlovich, a través de la divulgación de conversaciones alteradas, editadas y fragmentadas.
Ramírez Marín aseveró que el deber inexcusable del INE es implementar todas las medidas y acciones extraordinarias, específicas y excepcionales que sean necesarias para hacer efectivo su mandato constitucional de organizar las elecciones, y le demando atraer los comicios de Sonora.