PRD presenta queja ante CNDH por el ilegal acuerdo que militariza la seguridad pública

La dirigencia nacional del PRD y sus grupo parlamentario en la Cámara de Diputados presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la intervención de la las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.

El acuerdo "viola los principios de legalidad y certeza jurídica", argumenta el PRD, al explicar que "subordinar el mando civil al mando militar, el Estado Mexicano vulnera lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece que los órganos de seguridad pública deben estar en manos de civiles y no de militares".

Lo anterior -precisa- debido que, si bien quedó establecido que el actuar de la fuerza militar en tareas de seguridad pública será de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, "resulta alarmante que no se definan los protocolos para que dicha actuación evite la violación de los derechos humanos de los mexicanos".

"Ni ese acuerdo presidencial ni la estrategia general de seguridad han definido los métodos para evitar el desbocado feminicidio, el asesinato de periodistas y de luchadores sociales, los secuestros y los frecuentes hechos de violencia que vive México, aún en las condiciones por la pandemia del coronavirus", acusa el partido del Sol Azteca.

Añade que "sumado a lo anterior, ahora resulta que la población mexicana vive amenazada por dos enemigos mortales: la delincuencia organizada y la pandemia del COVID-19; es por ello que con urgencia se presenta dicha queja ante la CNDH".

Expone que el acuerdo presidencial "es una explícita militarización de las funciones de seguridad pública, que el Estado mexicano está obligado a proporcionar a la población para proteger su vida y sus bienes; sin embargo, el Presidente y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, están abriendo paso a la constante violación a los derechos humanos".

Considera que "la militarización se implanta en un ambiente donde la impunidad y la debilidad del Estado de Derecho siguen siendo carta abierta para las fechorías de los delincuentes. Los ciudadanos deben saber que el decreto del gobierno de México no sigue lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que el mencionado decreto presidencial carece de especificaciones y procesos que se habrían de seguir en el uso de la fuerza pública sin afectar a las personas".

"Nuestra crítica a la militarización no surgen de la mala fe, sino del reconocimiento de que la estrategia militar ya fracasó, desde que el gobierno de Felipe Calderón le declaró la guerra al tráfico de drogas. La finalidad es que el Presidente de la República no vuelva a tropezar con la misma piedra, porque los que pagamos las consecuencias somos todos", anotó.

Estimó que "para evitar más sufrimiento hemos llamado a un diálogo nacional para darle una salida democrática e integral a la crisis de seguridad que estamos viviendo" y recordó que "en todos los países que han optado por militarizar las funciones de seguridad pública han aumentado las violaciones de derechos humanos y la impunidad".