Nacional

PRD exigirá cárcel a quien ejerza violencia de género en campañas electorales

Angélica de la Peña, senadora del PRD, anunció que presentará una iniciativa que propone cambios para que partidos se abstengan de emitir expresiones que constituyan actos de violencia política contra las mujeres.

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora del PRD, Angélica de la Peña, anunció que presentará una iniciativa que propone cambios a la legislación electoral para que durante las campañas, en la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, se abstengan de emitir expresiones que constituyan actos de violencia política contra las mujeres.

Detalló que el proyecto de ley también plantea la obligatoriedad de abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia, o cualquier expresión que denigre a otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas, así como cualquier acto de violencia política contra las mujeres.

La senadora del sol azteca precisó que por primera vez se establecen con claridad sanciones en la Ley General en materia de Delitos Electorales contra quien cometa actos de violencia política contra las mujeres.

Explicó que la propuesta plantea que en el artículo 7 Bis de este ordenamiento se establezcan multas de 50 a 100 días de salario mínimo y prisión de seis meses a tres años a quien, por razones de género, "presione, persiga, hostigue, coaccione o amenace a una mujer con el objeto de menoscabar, limitar, excluir, condicionar, o anular el legítimo derecho de ésta a participar por un cargo de elección popular".

"Estamos observando que los partidos políticos obstaculizan a las mujeres su llegada a las diputaciones, no sólo de fuerzas políticas adversarias sino también del su propio instituto político, es decir, estamos enfrentando otra vez ideas estereotípicas que se basan en que las mujeres no son aptas para la política. Tan es así que los partidos hicieron cambios de último momento para integrar las listas de candidaturas que deben registrar ante el Instituto Nacional Electoral (INE)", expuso.

De la Peña Gómez recordó casos que implican violencia política contra mujeres que pretenden acceder a cargos de elección popular, como el de Aidé Nava González, que era precandidata a la alcaldía del municipio de Ahuacuotzingo, en el estado de Guerrero, quien fue secuestrada, torturada y asesinada, y en Tamaulipas, la alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar sufrió un ataque armado el pasado 8 de marzo.

Lamentó que las mujeres, por su condición de género, no han ejercido su derecho a contender por un puesto de elección popular en condiciones de igualdad respecto a los hombres, y han visto limitado su acceso a la participación en el ámbito público, principalmente en los espacios políticos.

"Se requiere remover aquéllos obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres en un contexto de seguridad y libertad, que garantice su dignidad humana y así contribuir a la construcción de una sociedad más justa donde prevalezca la equivalencia humana", enfatizó.

También lee: