CIUDAD DE MÉXICO.- Arely Gómez González, procuradora general de la República, aseguró que la PGR y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, están en la mejor disposición de que los integrantes del 27 Batallón de Infantería del Ejército, con sede en Iguala, Guerrero, declaren ante al Ministerio Público por el caso Ayotzinapa.
De hecho, la funcionaria informó que soldados declararon en la PGR pocos días después de los hechos del 26 y 27 de septiembre del año pasado.
Durante su comparecencia en el pleno del Senado, la procuradora tuvo que sortear los distintos cuestionamientos del PAN, PRD y PT sobre la actuación del Ejército en esos acontecimientos.
Arely Gómez amainó los fuertes cuestionamientos de la oposición cuando puntualizó que la PGR ha abierto nuevas líneas de investigación en este caso, en las cuales ya se tienen identificados a más autores materiales.
"Iguala no es caso cerrado. Las investigaciones continúan", enfatizó y reconoció que el trabajo de la institución que preside no puede ser realizado adecuadamente basado en posiciones inamovibles.
El debate sobre el papel del Ejército lo abrió la senadora del PT, Layda Sansores, quien exigió que el secretario de la Defensa no ponga trabas para que se entreviste a militares por el caso Iguala.
En respuesta, la senadora del PRI, Ivonne Álvarez, exigió respeto a la institución armada y adelantó que su bancada va a impulsar "las leyes y las reformas que necesita el Ejército para tener certeza, facilitar su trabajo y que podamos nosotros facilitarle lo que hoy han hecho, que no está establecido en la ley".
Javier Lozano Alarcón, senador del PAN, respaldó la defensa del PRI a las Fuerzas Armadas. El panista volteó al escaño de Layda Sansores y le dijo: "Ser oposición y hablar con la verdad y enfrentar las cosas no significa ser unos majaderos, y menos frente a instituciones de tanto respeto y respaldo de la sociedad mexicana".
La senadora del PRD, Angélica de la Peña, señaló que su partido coincide con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, en el sentido de que el Ejército no debe seguir realizando tareas que no le competen.