CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto Castillo, fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), no impugnará la negativa de un juez de librar la orden de aprehensión contra Arturo Escobar, exlíder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Así lo confirmó la PGR quien explicó que "en su pretensión punitiva, dicha Fiscalía, consideró pertinente no agotar el medio de defensa previsto en la ley y subsanar los aspectos señalados por la autoridad jurisdiccional".
En días pasados Rosa María Cervantes Mejía, Juzgado Décimo Primero de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal, negó la orden de aprehensión contra el también exsubsecretario de Gobernación.
Escobar fue acusado por la FEPADE de haber violado durante los pasados comicios los artículos 7 Fracción XXI y 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, derivado de la entrega de 10 mil tarjetas Premia Platino.
El pasado 25 de noviembre al anunciar que la FEPADE había solicitado la orden de captura, el titular de la dependencia de la PGR, Santiago Nieto, explicó que los delitos que se le imputan a Escobar no son considerados como graves, pese a que uno de ellos es sancionado con prisión de entre 5 y 15 años.
"En lo federal tenemos un catálogo de delitos graves en los cuáles no se encuentran los delitos electorales", dijo.
Arturo Escobar fue dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y desde el 9 de septiembre lo nombraron Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
Según la consignación de la PGR, la acusación en su contra deriva de un contrato que en su calidad de presidente y representante legal del PVEM firmó con las empresas "Multiservicios", "CAR" y "Proyectos Juveniles", para la elaboración y distribución de 10 mil tarjetas Premia Platino.
Dicha tarjetas, contenían un saldo a favor de 500 pesos, además de que servía como tarjetas de descuento en diversos establecimientos.
Su entrega se hizo con motivo de las elecciones de julio. Según la autoridad se trató de una acción ilegal porque la ley prohíbe a los partidos, candidatos o equipos de campaña la entrega de este tipo de apoyos, pues se les considera un beneficio para condicionar el voto, en este caso a favor del PVEM.
El fiscal de la FEPADE dijo que la investigación contra Escobar derivó de una denuncia que presentó el PAN, otras que inició una diputada del PRD, así como varias denuncias que iniciaron algunos particulares.
"Cuando recibieron esta tarjetas del PVEM, los mencionaba como afiliados, protestaron por el uso de sus datos personales, a partir de ahí se desarrolló una investigación y se encontró con una serie de contrataciones indebidas y actos indebidos", dijo Nieto Castillo en su momento.
Derivado de este caso, la PGR también solicitó una orden de aprehensión contra las dueñas de Proyectos Juveniles, Luisa María Robles Ponce y María Guadalupe Robles Ponce; así como el propietario de la empresa CAR, Pablo Líder Robles; así como el propietario de la empresa Multiservicios, Ramiro Quintero Ramos.
Las órdenes de aprehensión contra estas personas también se negaron.