La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que aportará pruebas que acrediten la responsabilidad de tres militares implicados en el caso Tlatlaya, para que sean reaprehendidos y formalmente procesados.
Dijo que la determinación se tomó luego de analizar detalladamente la resolución del Sexto Tribunal Unitario, con sede en Toluca, que ordenó liberar por "falta de elementos para procesar" a los elementos castrenses presuntos responsables de los delitos de homicidios y alteración del lugar de los hechos.
"Si bien dicha resolución judicial no es impugnable por parte del Ministerio Público de la Federación, el Magistrado estableció, en las páginas 216 y 217 de la misma, que el auto de libertad fue dictado sin perjuicio de que el Fiscal de la Federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia".
Por ello, agregó, que PGR solicitará el expediente del caso y llevará a cabo todas las diligencias que sean necesarias para aportar los elementos de prueba requeridos, "a fin de evitar que los delitos cometidos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México --donde ocho civiles presuntamente fueron ejecutados en forma extrajudicial por los elementos castrenses--, queden impunes".
La dependencia que encabeza Arely Gómez González dijo que actuará con absoluto respeto a la división de poderes y a la independencia judicial, en estricto cumplimiento a las facultades que la ley le señala.
"El Ministerio Público de la Federación refrenda el compromiso del gobierno de la República con la Reforma Constitucional de julio de 2011, la cual elevó a rango constitucional la defensa de los derechos humanos, a fin de que en nuestro país no pueda ocurrir ninguna violación en esta materia, sin que sea debidamente investigada y castigada conforme a la ley", dijo esta noche en un comunicado.
De acuerdo con la investigación del caso, aquel 30 de junio militares se enfrentaron a sujetos armados, 14 de los cuales fueron abatidos. los ocho restantes depusieron las armas pero, según versiones de mujeres sobrevivientes, los soldados los sometieron y los ejecutaron extrajudicialmente.
Por estos hechos siete militares fueron procesados penalmente tanto en el fuero militar como en el fuero civil.
El juez de la justicia militar solo sentenció a uno de los soldados a quien Impuso una pena de 1 años de prisión por el delito de desobediencia. En la justicia civil cuatro militares fueron exonerados desde octubre de 2015 y los tres restantes, quienes estaban detenidos en una prisión militar, fueron absueltos el viernes pasado por Adalid Ambriz Landa, magistrado del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito quien consideró que no había elementos para que fuera juzgados.
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