CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) envió al no ejercicio de la acción penal, la denuncia que un activista interpuso en días pasados contra Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La denuncia lo señalaba como responsable de haber malversado los recursos que el Estado mexicano dio al organismo para financiar su intervención, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el caso Ayotzinapa.
"En relación con la averiguación previa iniciada el día 15 de marzo del presente año en contra de Emilio Álvarez Icaza Longoria, por el supuesto delito de fraude, la Procuraduría General de la República informa que en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad, se ha determinado la Consulta de No Ejercicio de la Acción Penal", informó este martes la dependencia a través de un escueto comunicado.
Explicó que la notificación de esta determinación le fue hecha formalmente a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de representante del Gobierno Federal, el 4 de abril.
De acuerdo con la información oficial, el Estado mexicano ha otorgado dos millones de dólares a la CIDH para garantizar el trabajo del GIEI durante dos periodos de seis meses cada uno para coadyuvar en la investigación del caso Ayotzinapa. Dicho encargo concluye a finales de abril.
Ante este hecho, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, interpuso una denuncia penal en la PGR al considerar que dichas recurso han sido más utilizados, ahora la dependencia determinó desecharla por ser improcedente.