CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados no sólo dejó en el archivo la reforma constitucional para la profesionalización y reordenamiento de los cuerpos policíacos de estados y municipios –a través del Mando Único o Mando Mixto–, sino también otras 59 propuestas urgentes de ley y gestiones para combatir la inseguridad y la violencia en la República.
Los desacuerdos entre el PRI y los partidos políticos de oposición dejaron en el olvido los llamados de alerta y gestiones que empresarios, escuelas, colonias, comunidades indígenas, comerciantes, transportistas y muchos otros sectores de 25 entidades del país hicieron a la Comisión de Seguridad Pública del Palacio Legislativo, presidida por el PAN.
Presentadas a través de los propios legisladores, los llamados y exigencias vienen de los estados de mayor violencia, como Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, entre otros.
Entre las asociaciones figura la que pide al Congreso de la Unión que "haga un exhorto al titular del Ejecutivo de Tamaulipas –el panista Francisco García Cabeza de Vaca– y al titular del Ejecutivo federal, para que de manera inmediata y urgente establezcan una coordinación, con la finalidad de emprender acciones para atender la grave situación de inseguridad y violencia que ha venido prevaleciendo en los municipios de Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Valle Hermoso, que amenaza la paz pública, el Estado de derecho y que ha puesto en peligro a la sociedad tamaulipeca".
También la que urge "al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado –del PAN–, a implementar de manera urgente un plan estratégico de seguridad pública, para solventar la creciente tasa de homicidios y delitos de alto impacto en la entidad.
Igualmente se perdió en el silencio la petición de que "se exhorte a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y al de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a que hagan públicas las acciones que han realizado de acuerdo con la competencia y facultades de cada institución, para erradicar el problema del crecimiento de las narcotienditas".
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