Diputados aprueban penas de hasta 20 mil días de salario por desvío de recursos para fines electorales
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Diputados aprueban penas de hasta 20 mil días de salario por desvío de recursos para fines electorales

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Diputados aprueban penas de hasta 20 mil días de salario por desvío de recursos para fines electorales

Por unanimidad, y con 407 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Víctor Chávez
08/04/2019
Actualización 08/04/2019 - 20:28
Cámara de Diputados.
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Por unanimidad, y con 407 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para aplicar sanciones que van desde una amonestación pública y hasta 20 mil días de salarios mínimos a los funcionarios públicos que desvíen recursos del erario para fines electorales.

En el artículo 456 de dicha Ley se añade una fracción J que establece que los servidores públicos se harán acreedores desde una amonestación pública hasta una multa de cinco mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México.

Añade que, tratándose de recursos para la presión, inducción y coacción del voto de los electores, serán sancionados con multas de entre cinco mil y diez mil días de salario mínimo; y resalta que en caso de reincidencia la multa será del doble de las ya establecidas anteriormente.

El dictamen fue avalado por unanimidad, en lo general, con 423 votos a favor y en lo particular por 407 votos en pro, luego de que se aceptó una reserva propuesta por el diputado Marcos Aguilar Vega, del PAN. Se turnó al Senado de la República para su análisis y ratificación.

El documento surgió de una iniciativa presentada por el diputado Pablo Gómez Álvarez, de Morena, durante este periodo ordinario de sesiones, y dictaminada en la Comisión de Gobernación y Población, presidida por la diputada Rocío Barrera Badillo, también de Morena.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Barrera Badillo expuso que al artículo 456 de la citada ley se le agrega un apartado para “incorporar a los servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser sancionados por violación a las leyes electorales, particularmente cuando hacen uso de recursos públicos, estableciendo las sanciones correspondientes”.

Asimismo, las modificaciones al artículo 457 son para establecer que “sin menoscabo de las sanciones electorales que se impongan a los servidores públicos, estos estarán sujetos a las responsabilidades administrativas y penales que de la misma conducta deriven”, abundó.

La legisladora indicó que esta reforma “fortalecerá las acciones que promuevan la cultura de la legalidad en el servicio público, haciendo sancionables aquellas conductas, no solo contrarias a la ética y la honestidad que deben distinguir el actuar de todo funcionario, sino las que resultan de manera verificada en violaciones abiertas o las normas electorales”.

Señaló que “dentro de una lógica de diseño democrático se busca que los servidores públicos mantengan principios, tales como honestidad, integridad e imparcialidad”, y las conductas que salgan de este marco “deben ser, efectivamente, sancionadas por las vías en las que se genere responsabilidad”.