CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores federales de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación en la Cámara de Diputados acordaron solicitar una asignación extraordinaria de 2 mil 275 millones de pesos en el Presupuesto del 2017, para poder instrumentar el Sistema Nacional Anticorrupción.
En sesión de trabajo, celebrada este martes, se informó que la Auditoría Superior de la Federación solicitó dichos recursos, que equivalen a 7.3 por ciento más que el ejercido en el 2016.
Se informó que, según el Titular de la Unidad General de Administración de la ASF, Arturo Peña Zazueta, este incremento se solicita "para resistir el impacto que prevén para el desempeño del Sistema Nacional Anticorrupción, que requerirá la creación de 224 nuevas plazas que atenderán las nuevas funciones de la ASF".
El presidente de la Comisión, Luis Maldonado Venegas, del PRD, dijo que en las proporciones en que crece el universo de atención de la ASF se trata de "un presupuesto marginal", pero es necesario conocer las proporciones o estrategias que tendrán que seguir para cumplir con este nuevo mandato.
Explicó que con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, el trabajo de la ASF se duplicará, pues las nuevas responsabilidades de la Auditoría la obligan a realizar la fiscalización de las participaciones de los recursos en los estados. Aunado a ello, se le otorga la facultad de iniciar averiguaciones en casos de denuncia, incluso, si las presenta un solo ciudadano.
Destacó que el Proyecto de PEF 2017 no advierte que existan recursos para poner en marcha al conjunto de instancias en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que es indispensable que se dote a estas de presupuesto, de otra forma "dicho sistema no funcionará y quedará como reforma declarativa".
El diputado independiente Manuel Clouthier Carrillo se opuso, de entrada a la petición, porque, dijo, "es muchísimo dinero tan sólo para operar la planta laboral".
Aclaró que se trata de un incremento de recursos equivalente al 18 por ciento, si se quita la parte de inversión, y no del 7.3 por ciento, como plantea la ASF.