Para ONU-DH, militarizar la seguridad pública es un error
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Para ONU-DH, militarizar la seguridad pública es un error

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Para ONU-DH, militarizar la seguridad pública es un error

bulletEl representante del alto comisionado de la ONU, Jan Jarab, señaló que la Guardia Nacional constituiría una extensión del uso del paradigma militar en la seguridad pública.

Víctor Chávez
12/12/2018
Jan Jarab, representante del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México.
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El representante del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, advirtió que es un error del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, crear una Guardia Nacional militarizada para el combate a la inseguridad pública.

“La Guardia Nacional, como se propone, constituiría una extensión del uso del paradigma militar en las tareas de seguridad pública, y no es lo más correcto, dados los resultados decepcionantes del uso de las Fuerzas Armadas hasta la fecha”, dijo ante la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por Morena.

El enviado de la ONU cuestionó a los legisladores que analizan la creación la Guardia Nacional “¿Cuáles serían las garantías de que el resultado será distinto, que dará seguridad y que no seguirán los militares cometiendo las graves violaciones a los derechos humanos?”

Advirtió que “las policías militares no están especializadas en la investigación y persecución de los delitos”, y advirtió “si son conducidos por la Secretaría de la Defensa Nacional será imposible que sea distinto” y “cambiar a la Policía Federal por un cuerpo de corte militar podrá ser irreversible y nunca se podría volver a tener una Policía civil, lo que es altamente preocupante”.

El diplomático recomendó que para esta Guardia “se debe garantizar que sus mandos sean civiles, no militares; la reforma constitucional debe ser temporal, que se refleje en artículos transitorios y que se establezcan plazos no mayores a cinco años, a partir de su entrada en vigor; un diseño institucional como el que se propone entraña riesgos”.

Planteó que “la solución es desarrollar un programa de fortalecimiento real de las corporaciones civiles, para permitir el retiro paulatino, ordenado, planificado, medible y verificable de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública”.

Precisó que “no se pide que se retiren de manera abrupta, sino gradual para evitar un vacío y la desprotección de la ciudadanía”.

Insistió en que, además de que hay una creciente preocupación en el mundo por el uso de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen, “no hay duda de los riesgos y la preocupación del uso del Ejército en México, por las ejecuciones extrajudiciales, como el caso Tlatlaya, el del Tecnológico de Monterrey, casos de tortura sexual por soldados, como en Guerrero desde la mal llamada guerra sucia y la desaparición forzada en Nuevo Laredo”.