Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa demandaron al presidente Enrique Peña Nieto el cese de Tomás Zerón de Lucio, como titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y se le investigue por la presunta comisión de delitos relacionados con la obstrucción de la justicia en el caso Iguala.
A través de un comunicado que difundieron ONGs que los asesoran, padres y madres de los normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, advirtieron que pretendiendo defenderse, "el titular de la AIC ha evidenciado la ilegalidad en la que ha incurrido".
Dijeron que es falso que la ley le brinde facultades para excarcelar detenidos y trasladarlos a su libre arbitrio y también es falso que el marco jurídico le permita ordenar acciones que son propias de diligencias formales que deben ser conducidas y ordenadas por el Ministerio Público.
"Las ilegalidades confesadas por el Director en Jefe de la AIC confirman que el expediente de averiguación previa iniciado tras la desaparición de nuestros hijos no refleja la investigación real, misma que como lo documenta el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó múltiples irregularidades y tuvo siempre un sesgo confirmatorio tendente a sostener a costa de la legalidad y los derechos humanos la llamada 'verdad histórica', agregaron.
Insistieron en que frente a lo revelado, Tomás Zerón debe ser separado de su cargo a efectos de permitir una investigación sobre la obstrucción a la justicia en esta investigación como lo recomendó el GIEI desde su primer informe.
Asimismo, pidieron que la AIC incorpore a la averiguación previa todos los videos y material probatorio que de forma ilegal recabó, y que entregue a los familiares y a la opinión pública esos elementos que desconocemos.
"Vistas y documentadas las persistentes irregularidades en la investigación, exigimos al Presidente Enrique Peña Nieto que el Gobierno Federal acepte el mecanismo especial de supervisión que ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sobre el cual el gobierno ha sido omiso en responder. Denunciamos que más de una semana de que dicho mecanismo se notificara y estando por concluir el mandato del GIEI, no hemos sido contactados por el Gobierno Federal para acordar este mecanismo", agregaron.
Consideraron que la salida del GIEI del caso fortalece la desconfianza en las instituciones del gobierno federal debido a los últimos hallazgos dados a conocer por el grupo de extranjeros que incluso dan cuenta de que frente a una investigación supervisada internacionalmente han existido omisiones y actuaciones tendenciosas hacia la impunidad y contrarias a la verdad.
"Por ello, es indispensable continuar con el estrecho monitoreo internacional sobre nuestro caso hasta que accedamos a la justicia y a la verdad", concluyeron.