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Organizaciones dicen que Ley de Seguridad Interior violan derechos humanos

Parte de las organizaciones son Causa en Común, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Mexicanos Primero y México Evalúa, quienes acusaron que de normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales. 

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras en la Cámara de Diputados se discutía la Ley de Seguridad Interior, que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, más de 150 organizaciones civiles del país manifestaron su rechazo a la propuesta ya que, aseguram, viola los derechos humanos y tratados internacionales.

"Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar", reclamaron las organizaciones a través de un comunicado.

Entre las organizaciones se encuentran Causa en Común, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Mexicanos Primero y México Evalúa, quienes acusaron que de normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales se contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar.

"Debemos, en cambio, centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad pública. Sólo así podremos resolver de fondo, y a largo plazo, la crisis de violencia, inseguridad y violaciones graves a derechos humanos", señalan.

Denunciaron que seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas sólo coadyuvará al desgaste "de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina".

Acusaron que con esta nueva ley "se perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública".

Esta crítica de organizaciones nacionales se suma a las llamadas de atención de organismos internacionales como Amnistía Internacional, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Robert F. Kennedy Human Rights y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que el 29 de noviembre expresaron su preocupación por el avance de dicha ley en el Congreso.

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