ONG's demandan a Morena frenar ley del 'fiscal carnal'

Organizaciones de la sociedad civil demandaron al grupo mayoritario de Morena en la Cámara de Diputados frenar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, aprobada por el Senado de la República, y aceptar reformar el artículo 102 de la Constitución, para garantizar que no se impondrá a un "fiscal carnal" y dejar en claro las facultades del fiscal en turno.

En el primer foro organizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Isabel Miranda de Wallace, de la organización Alto al Secuestro, alertó a los legisladores de la Comisión de Justicia de la Cámara baja que "la minuta operativamente no es funcional".

"No se va a acabar la corrupción sólo con amor y paz, debemos entrar a la realidad y ver qué se requiere", opinó.

Al contrario, "puede generar corrupción y, además, el artículo 20 da facultades extralimitadas al coordinador de Investigaciones y Persecución Penal; no establece un control", indicó.

Destacó que es prioritario crear una fiscalía especializada en extinción de dominio, y alertó del problema que puede provocar que se elimine la certificación de Ministerios Públicos.

Señaló que al generar una entidad autónoma es necesario fortalecer el régimen de rendición de cuentas. "Una ley orgánica no debe regular aspectos procesales; desaparecer al MP propiciará que la declaren inconstitucional", señaló.

Explicó que en las funciones se omite la intervención del amparo, la extinción de dominio, y las asistencias jurídicas internacionales, así como la representación de menores o incapaces en el fuero federal.

"Más que un plan de persecución, parece el reglamento de la ley para establecer las funciones de los servidores. Lo que estamos buscando es que este ordenamiento no nazca con deficiencias, porque los que pagan los platos rotos son las víctimas".

David Alejandro Jiménez Padilla, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, señaló que el modelo que se plantea en la nueva ley proviene de diagnósticos del CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre las disfunciones que hay en la Procuraduría General de la República (PGR).

"Uno de los principales problemas es que el modelo de persecución penal es altamente disfuncional y se tiene un archipiélago de información donde cada fiscalía especializada no alcanza a compartirla, respecto a fenómenos delictivos altamente complejos", dijo.

Agregó que la delincuencia y la forma en que se despliega en nuestro país no obedece a la forma en que se intenta procurar justicia, ya que ésta funciona únicamente como reacción a la actividad que hace la policía, y no tiene una política de persecución penal clara con prioridades y metas que permita evaluar si fue un buen año o una buena gestión al frente de la fiscalía.

Compartió la exigencia ciudadana de garantizar una autonomía del nuevo organismo, mediante reformas al 102 constitucional.

Samuel González Ruiz, representante de Alto al Secuestro y doctor en derecho por la UNAM, pidió especificar todas las facultades de los ministerios públicos que actuarán en los casos, de otra forma los abogados van a controvertir sus funciones.

"Debe decirse con claridad, de acuerdo al artículo 78 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, que la Fiscalía está facultada para tener policía investigadora, porque así lo exige la ley, esos son los elementos esenciales para complementar las actividades", expuso.

Destacó que se analiza la autonomía del Fiscal, "pero para el 95 por ciento de los delitos esa facultad es intrascendente y no se aplica; sólo en delitos vinculados a la corrupción, violación de derechos humanos y delitos electorales".