CIUDAD DE MÉXICO. El nuevo Sistema de Justicia Penal opera en su totalidad en seis estados del país y en 26 se aplica de manera parcial, mientras que en 24 se aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales, informó María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo sistema de justicia oral acusatorio.
La funcionaria destacó que para lograr este objetivo, que tiene como meta el 18 de junio de 2016, se tiene una estrecha colaboración con países como Canadá, Chile, España, Colombia, quienes están aportando mejores prácticas, tanto en el ámbito operativo, como en los pasos que se tendrán que dar después de junio del próximo año.
Al hacer un balance de los avances alcanzados, a 318 días de que el nuevo Sistema de Justicia Penal sea una realidad en todo el país, María de los Ángeles Fromow, señaló que ya se están ejerciendo 4 mil millones de pesos de presupuesto para crear la infraestructura necesaria y están por entregarse otros mil millones.
Dijo que se prevé que la infraestructura esté lista totalmente en el primer semestre del próximo año.
En cuanto a la capacitación, afirmó que el 50 por ciento de los elementos de la Policía Federal (PF) han cumplido; mientras que 80 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 93 de la Secretaría de Marina están en proceso de capacitación.
Fromow, advirtió que existe la posibilidad de que muchos estados no concluyan a tiempo la construcción de los nuevos centros de justicia que se requieren para realizar juicios orales y audiencias públicas, pero se contemplan ya medidas alternativas.
"En aquellos casos en los que no logremos tener al 100 por ciento concluidas las obras de operación del Sistema, estaremos teniendo un plan alternativo de arrendamientos y de ubicación de los equipos, para que todos podamos operar adecuadamente", dijo.
Resaltó que existen retos importantes en los cuales se está trabajando de manera coordinada con los gobiernos de los estados, que son cubrir las necesidades de los gastos de operación, es decir, recursos materiales, recursos de ejercicio diario del quehacer de las instituciones y recursos humanos.
"Esto significativa también hacer un programa de transición. No podemos olvidar que tenemos que concluir los asuntos que estén en el sistema tradicional mixto, para que el personal que se ubica en ese sistema, pueda transitar a trabajar en el nuevo Sistema de Justicia Penal, y los costos sean menores para las entidades federativas. Estamos trabajando con esos planes", apuntó.
Por su parte Rommel Moreno Manjarrez, representante de la Procuraduría General de la República (PGR), resaltó que, literalmente "estamos tratando de hacer un gran esfuerzo para llegar a buen puerto a partir del año 2016"
Destacó que la aplicación de este mecanismo ha provocado que alrededor del 40 por ciento de los expedientes que se inician a nivel federal se desestimen de ser llevados a juicio.