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Nuevo sistema de justicia penal evita fabricación de culpables: CDHDF

El organismo indicó que el nuevo sistema es una oportunidad en la procuración de justicia para beneficiar a la sociedad con el respeto irrestricto a los derechos humanos, pues prevé la presunción de inocencia para el acusado sin afectar las garantías individuales de la víctima, “que tendrá una posición más activa”.

CIUDAD DE MÉXICO. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa (CDHDF) aseguró que con el nuevo sistema penal acusatorio de la capital se evita la "fabricación de culpables", así como la tortura y se garantizan los derechos al debido proceso tanto de las víctimas como de los imputados.

La comisión señaló que ese sistema beneficia a los inculpados porque se parte del principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, y cesa la estructura persecutoria del Ministerio Público.

Precisó que el nuevo modelo penal vigente en la ciudad de México desde el pasado 16 de enero, que incluye los juicios orales, "trae consigo un procedimiento abreviado, que permite que se imparta justicia de manera pronta".

Ello, "considerando las circunstancias particulares de la víctima y del inculpado al dictar sentencia, pues los jueces tendrán contacto directo con las partes, lo que les permitirá analizar el caso concreto, así como formar su convicción y dictar un fallo con un conocimiento real de los hechos", explicó.

La CDHDF indicó que el nuevo sistema es una oportunidad en la procuración de justicia para beneficiar a la sociedad con el respeto irrestricto a los derechos humanos, pues prevé la presunción de inocencia para el acusado sin afectar las garantías individuales de la víctima, "que tendrá una posición más activa".

Detalló que, de igual manera, se evita "la comisión de la tortura ya que el reconocimiento de la imputación ante los jueces debe ir acompañado de medios de convicción suficientes, y la defensa puede argumentar violaciones al debido proceso en casos de violaciones a derechos humanos".

Agregó que existe la posibilidad de que las víctimas ejerzan por voluntad acciones legales para defender sus derechos, buscar la reparación del daño e impugnar las acciones contrarias a la búsqueda de justicia, lo que implica más protección a sus derechos humanos.

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