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No debe incurrir el Frente Ciudadano en la patrimonialización del poder: Diego Valadés

No se trata de llegar al gobierno y ser dueños de las dependencias para repartir cargos a los amigos, familiares o allegados, advierte el académico, Diego Valadés. 

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Diego Valadés Ríos, afirmó que el Frente Ciudadano por México no debe incurrir en los vicios de la patrimonialización del poder, y de buscar llegar al gobierno sólo para repartirse los cargos.

Dijo que es urgente reglamentar a los gobiernos de coalición, para establecer "controles" que hagan cumplir a sus participantes el programa acordado.

Advirtió que para los intentos avanzados, como el Frente Ciudadano, de proyectos de gobiernos de coalición, debe primero haber reglas claras, para no quedarse en la patrimonialización del poder.

"No debe haber una carta en blanco para este tipo de intentos, porque si no se hace nada para que cumplan su programa de gobierno conjunto no se habrá ganado nada", dijo.

"Quienes llegan a los cargos no son dueños de las dependencias completas. Eso es pernicioso, porque se va a considerar que llegar al gobierno se tendrá un determinado número de cargos para repartir entre los amigos, familiares y allegados", estimó el académico.

Insistió en que "para que no haya precisamente esa patrimonialización del poder es necesario una reglamentación de las coaliciones, porque hasta ahora no están reglamentadas".

Sobre el Frente Ciudadano por México, comentó que "son sólo intentos muy avanzados de una coalición electoral, pero la coalición de gobierno es un programa de gobierno unificado, con participantes y se debe llevar a cabo ese programa".

"El gobierno de coalición es una primera fase, pero no se han construido los controles", expuso.

Explicó que para ese tipo de proyectos "no existe, por ejemplo, la figura del gabinete en la legislación mexicana, hoy sólo hay colaboradores que no intervienen en las deliberaciones. El gobierno hoy no tiene un órgano colegiado, y mientras no haya esa reglamentación lo que se va seguir dando es que el que lo decide todo es el secretario de Hacienda".

Sin embargo dijo tener confianza "en la responsabilidad de los partidos de tomar decisiones para tomar decisiones sobre una verdadera nueva forma de gobernar al país más democrática a través de un gobierno de coalición".

Planteó que se requiere restar poder al Ejecutivo federal e implementar contrapesos institucionales en el ejercicio de éste.

Durante la presentación del libro "Un gobierno de gabinete o de coalición para México? Hacia el nuevo diseño e innovación del sistema presidencial", de Gonzalo Badillo Moreno, en la Cámara de Diputados, Valadés Ríos apuntó que ya existe una norma constitucional que rige la formación de los gobiernos de coalición, pero "es fundamental contar con leyes reglamentarias que determinen cómo va a construirse el programa compartido entre los que participen en este modelo de gobierno".

"Se debe señalar cómo se van a establecer los mecanismos de supervisión, cuáles van a ser los actores que participen en ese gobierno, con lo que respecta a las fuerzas políticas que se hayan ligado y qué responsabilidad van a tener esos actores ante el Congreso", detalló.

El jurista advirtió de no regular los gobiernos de coalición, se corre el riesgo de que éstos sean un gran fracaso que dé pie a la formación de una nueva forma de hegemonía de los partidos que obedezcan a un solo mando, que es el Presidente de la República.

"Alguien que entienda a su favor el gobierno de coalición como la posibilidad de integrar una mayoría en el Congreso, para desarrollar un programa de gobierno apoyado por un programa legislativo y financiero, lo puede hacer en detrimento de la democracia", enfatizó.

Sin embargo, dijo que si se reglamenta este modelo de gobierno, puede resultar un gran acierto que resulte en un gobierno de gabinete que, dijo, es el conjunto de titulares de las secretarías que se controlan entre sí, lo que permitiría la plena parlamentarización del sistema presidencial.

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