CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) no modificará su estrategia de trabajo en Jalisco ni en otros estados donde se presenten problemas de narcobloqueos, como los ocurridos el viernes pasado en esa entidad, aclaró su presidente Lorenzo Córdova, al participar en el programa Urna tras Otra, que se transmite por el canal de El Financiero-Bloomberg.
Como ocurrió ese día, agregó, sólo procederá a cerrar sus oficinas hasta que las condiciones sean seguras.
"De entrada, en nuestra ruta no está modificar las estrategias que nos han permitido desarrollar el trabajo de campo, operando en entidades donde ha habido problemas de seguridad y conflic-tividad social, como es el caso de Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca. Hasta ahora, nos ha funcionado la prudencia y las medidas preventivas", indicó.
En Guerrero hemos sido enfáticos en que el INE no es ni debe convertirse
en un problema
Aclaró que está en comunicación permanente con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para garantizar la seguridad en los comicios. Para ello se establecieron enlaces entre ambas instancias para intercambiar información sobre la situación del país.
"Eso nos permite poder definir o ajustar nuestras estrategias de operación de campo para evitar cualquier inconveniente cuando hay alguna movilización, algún operativo o alguna circunstancias como la que ocurrió el viernes en Jalisco", puntualizó.
Sobre el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato de la alianza PRI-PVEM a la presidencia municipal de Chilapa, aclaró que las autoridades electorales sólo son intermediarias en el tema de la seguridad de los abanderados y recordó que, en este caso, caía en la cancha del instituto local.
Informó que el INE ha recibido solicitudes para que cinco candidatos a diputados federales y cuatro participantes en procesos locales cuenten con resguardo especial. En el caso local, las peticiones fueron turnadas a los organismos electorales de los estados respectivos para que les dieran trámite.
Córdova reiteró que el INE no cree pertinente la realización de una elección militarizada.
Sobre la solicitud de quitar el registro al PVEM por sus reiteradas violaciones a la ley electoral, previó que se tome una decisión antes de la jornada comicial del 7 de junio. Sin embargo, puntualizó que los tiempos de la justicia electoral hacen imposible volver "focos rojos" todas las denuncias que se presentan contra algún partido político.
"Estamos ante un caso jurídicamente complejo, hay que analizarlo sin filias y sin fobias", consideró.
Recordó que el partido ha acumulado una cantidad de sanciones que rondan los 200 millones de pesos, "que implican que desde abril hasta noviembre no reciba financiamiento".