Municipio de Pabellón de Arteaga va a Corte contra uso del Ejército en materia de seguridad

El municipio de Pabellón de Arteaga, en Aguascalientes, presentó una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Además, impugnó el decreto por el que se expidió la Ley de la Guardia Nacional, publicado el 26 de mayo de 2019, por el presidente de la República en su calidad de titular del Poder Ejecutivo federal.

Con ésta son ya cuatro las controversias constitucionales promovidas ante el Tribunal Constitucional contra el acuerdo que legaliza el uso de las fuerzas armadas permanentes en materia de seguridad pública.

Las otras controversias fueron promovidas por el municipio de Colima, estado de Colima, el gobierno del estado de Michoacán y la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Hasta el momento sólo las controversias del gobierno de Michoacán y de la Cámara de Diputados han sido aceptadas a trámite.

Según los acuerdos publicados en los estrados electrónicos de la Suprema Corte, la controversia constitucional promovida por el municipio de Pabellón de Arteaga quedó registrada en el expediente 91/2020.

El caso será turnado a la ponencia de la ministra Ana María Ríos Farjat, quien ya conoce de las otras tres controversias presentadas hasta ahora y quien determinará si la acepta a trámite o la desecha por alguno de motivos previstos en la Ley.

Según los registros, el municipio de Pabellón de Arteaga pidió declarar la invalidez del acuerdo de 11 de mayo de 202 por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública.

También demandó la invalidez de la aprobación, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto que contiene la Ley de la Guardia Nacional.

En este sentido, pidió invalidar los artículos 88, 89, 90, 91 y 92 de dicho ordenamiento que prevén las reglas de coordinación y colaboración operativa interinstitucional, incluidas las entidades federativas y los municipios.