Morena 'se adelanta' y declara improcedente el juicio político contra diputados que aprobaron la 'Ley Bonilla'
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Morena 'se adelanta' y declara improcedente el juicio político contra diputados que aprobaron la 'Ley Bonilla'

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Morena 'se adelanta' y declara improcedente el juicio político contra diputados que aprobaron la 'Ley Bonilla'

bulletLa resolución, que apenas será discutida en la Subcomisión de Examen de Justicia de la Cámara de Diputados, anticipa que 'en consecuencia se desecha de plano la denuncia de juicio político, presentada los diputados federales del PRD.

Víctor Chávez
04/11/2019
Jaime Bonilla, gobernador de Baja California.
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La Subcomisión de Examen Previo de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados dictaminó este lunes como “improcedente” la solicitud de juicio político en contra de los exdiputados del Congreso Local de Baja California que aprobaron la 'Ley Bonilla'.

La Subcomisión, que preside Rocío Barrera Badillo, de Morena, filtró a los legisladores integrantes un proyecto de dictamen, clasificado como 'confidencial', que se elaboró con una inusual rapidez para que sea puesto a discusión y votación de inmediato el próximo jueves.

Generalmente este tipo de solicitudes tardan muchos meses y hasta años para darles trámite, entre otras razones, porque siguen un orden de acuerdo a la fecha de su presentación.

Sin embargo, esta vez se aceleró su análisis para declarar y dictaminar que después de la revisión de los argumentos de la solicitud presentada por el PRD, “no es procedente iniciar el proceso de juicio político” en contra de los 21 exdiputados locales de Baja California.

La resolución, que apenas será discutida en la Subcomisión, ya anticipa que “en consecuencia se desecha de plano la denuncia de juicio político”, presentada los diputados federales del PRD, encabezados por su coordinadora, Verónica Juárez Piña.

Entre los argumentos resolutivos que contiene el largo dictamen de 189 páginas.

Lo anterior porque “las imputaciones contra los indiciados o denunciados no satisfacen la procedencia de la acción de juicio político, prevista en el artículo 110 de la Constitución, y que los procedente es desechar la denuncia”.

Sostiene que el acto de los legisladores acusados “no implica que el interés de la sociedad se haya visto lesionado”.