Monreal pide a FGR atraer caso de menor asesinada en Zacatecas

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, pidió al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, atraiga el caso de secuestro y homicidio de la menor de 12 años, Sofía Alejandra Acosta Valdez, ocurrido el 11 de noviembre pasado en Fresnillo, Zacatecas.

A través de una carta, el senador de Morena dijo que la menor fue cruelmente asesinada, "hecho incalificable que nos indigna y nos agravia, acto cobarde que no puede quedar en la impunidad".

Señaló que el clamor social que demanda justicia para este caso, así como la gravedad de los hechos mismo, "nos obligan a garantizar que en este caso se hará justicia, y que se tutelarán los derechos de las y los familiares de Sofía Alejandra.

Por esta razón, agregó, le formulo la petición para que ejerza su facultad de atracción a fin de garantizar la debida investigación y persecución de los delitos de los que fue víctima Sofía Alejandra.

También pidió que analice la procedencia de la facultad de atracción con la que cuenta la FGR para conocer de los delitos y que, de ser procedente, la ejerza, para así garantizar que la mejor y sus familiares obtengan justicia, conozcan la verdad de los hechos, accedan a la reparación del daño a la que tengan derecho en este terrible caso y se sancione a las personas responsables.

Monreal enfatizó que el feminicidio constituye la materialización más extrema y radical de la violencia contra las mujeres, vinculada con su género. "La comisión de este ilícito no sólo se circunscribe al hecho violento en sí mismo, sino que forma parte de la violencia estructural y sistemáticas que enfrentan las niñas y las mujeres, y que las coloca en una situación de desigualdad.

Puntualizó que "es obligación de las autoridades mexicanas, en el ámbitos de sus competencias, garantizar el ejercicio más amplio y el respeto a los derechos de las personas. En el caso particular de las mujeres, ese derecho implica el acceso a una vida libre de violencias, así como los derechos de acceso a las justicia y la verdad y a una reparación integral para sí y para sus familias, en caso de ser víctimas de hechos violentos.