Nacional

Michoacán, último lugar nacional en transparencia

En “legislación de la transparencia” es último; en calidad de información es 30. 

De acuerdo con el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM), realizado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Michoacán es la entidad con más bajas calificaciones en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental.

Se ubica en el lugar 30 en la calidad de información que ofrece y en el 20 en el tema de corrupción y buen gobierno.

Además, ocupa el último lugar en el rubro de "legislación de la transparencia", pues el órgano encargado de salvaguardar el derecho de acceso a la información no cuenta con leyes que aseguren un funcionamiento especializado e independiente de los poderes públicos.

Cada año, el IDAIM realiza un estudio con el que mide la calidad de las leyes de transparencia en México y hace un comparativo entre todas las entidades, aplicando variables que le permiten determinar el grado de compromiso que las autoridades tienen en esta materia.

Así, resultó que Michoacán es también la peor entidad en "autonomía de operación" de sus órganos, lo que significa que las decisiones de éstos están influenciadas, en la mayoría de los casos, por los poderes públicos.

El IDAIM coloca a Michoacán en el último lugar en el país porque las decisiones que se toman al interior de sus órganos de transparencia, en la mayor parte de los casos, no son definitivas y tampoco obligatorias para la autoridad a la que se le solicita alguna información.

En Michoacán la transparencia gubernamental no es un asunto prioritario, pues sus órganos en la materia ocupan el último lugar en "autonomía presupuestaria", es decir, que no se les otorgan los recursos suficientes para realizar su función de manera adecuada. Por ende, la entidad también está en el último lugar en autonomía de operación y de decisión.

Ante esto, Yarabí Ávila González, presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán en el Congreso local, aseguró que "estos indicadores no son positivos y representan un menoscabo al derecho ciudadano a la información y no se puede avanzar en una sociedad donde prevalezca la opacidad y no se generan condiciones para la transparencia y el combate a la corrupción".

En entrevista con El Financiero, la legisladora priista consideró que uno de los ejes prioritarios dentro del plan de gobierno debe ser generar condiciones para que todas las decisiones gubernamentales y administrativas estén al alcance del público de forma veraz, accesible y clara, para favorecer el escrutinio público.

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