CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo con un trabajo coordinado, en el que se sumen los esfuerzos de todos, se podrá enfrentar el reto de reducir los índices de desigualdad y generar mayor inclusión en Nuevo León, aseguró hoy el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, durante una gira de trabajo a la ciudad de Monterrey.
La Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno del estado suscribieron este jueves el Acuerdo Integral para el Desarrollo Social Incluyente, a través del cual la federación y las autoridades locales impulsarán acciones concretas para reducir los índices de pobreza en la entidad.
La firma de este acuerdo estuvo encabezada por el secretario Meade Kuribreña y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, en un evento realizado en el Palacio de Gobierno.
Las acciones previstas en este acuerdo estarán focalizadas en los sectores de alimentación, vivienda, servicios a la vivienda, educación, acceso a la salud, seguridad social e ingreso.
El funcionario federal dio a conocer que, entre 2012 y 2014, Nuevo León llevó sus índices de pobreza del 23.2 por ciento al 20.4 por ciento, mientras que la pobreza extrema se redujo a la mitad, del 2.4 a 1.3 por ciento.
El Gobierno de la República y el estado de Nuevo León concentrarán sus esfuerzos en diversos sectores en los que aún subsisten retos para la reducción de la pobreza.
En materia educativa, el 10.8 por ciento de la población, más de medio millón de personas, tiene aún rezagos.
El 13.7 por ciento de la población del estado carece de acceso a servicios médicos, mientras que el 33.4 por ciento no dispone de algún tipo de seguridad social.
En calidad y espacios de vivienda, el 4.6 por ciento de la población presenta rezagos y en el rubro de acceso a los servicios básicos en la vivienda el 4.3 por ciento no tiene agua, electricidad o drenaje.
Más de 700 mil personas (14.2 por ciento de la población) no cuentan con un acceso a la alimentación y no pueden alimentarse de forma digna y suficiente.
Meade Kuribreña señaló que estas carencias habrán de ser combatidas a través de una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno, sector empresarial y organizaciones civiles.