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Los integrantes de la Sala Administrativa del Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes filtraron al gobierno estatal, encabezado por Martín Orozco, una demanda que ni siquiera estaba admitida formalmente, y cuya acción permitiría que el gobierno estatal pudiera preparar su respuesta.
La empresa Grupo Profrezac y Operadora de Autopistas del Altiplano, que concursaron por un libramiento carretero, impugnaron ante el Poder Judicial del estado, por conducto de la Sala Administrativa, el fallo que resolvió la licitación.
El fallo de dicha licitación favoreció a la Red de Carreteras de Occidente (RCO), cuya dirección general está en manos de Demetrio Javier Sodi Cortés. Cabe destacar que el consorcio de RCO opera hoy en día cinco concesiones de carreteras y autopistas que suman en conjunto 876 kilómetros en la región centro-occidente del país y en el Bajío, además de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Asimismo, recientemente se dio a conocer que la firma española Abertis y el fondo soberano de Singapur GIC adquirieron el 70 por ciento de las acciones de RCO.
Sorpresivamente, sin que estuviera admitida la demanda, o sea, de manera anticipadamente ilegal, ésta fue filtrada al gobierno del estado, el cual, por conducto del director jurídico de la Secretaría de Obras Públicas, expuso el expediente formalmente, siendo que aún no estaba emplazado a juicio.
En un hecho violatorio de ley –no debiera aún estar enterado de la demanda el gobierno del estado–, porque incluso las empresas concursantes aún no terminaban de integrar su demanda para el juicio, el gobierno estatal compareció por escrito manifestando tener conocimiento de la demanda e incluso expresó varios argumentos en su defensa.
Lo anterior significa que la demanda fue indebidamente dada a conocer al gobierno de Martín Orozco, lo que, para los expertos en materia jurídica, la acción dejaría claridad de que el Poder Judicial local mostró depender del gobernador y obedecer a sus intereses políticos.
Actualmente, la Sala Administrativa está encabezada por el magistrado Rigoberto Alonso Delgado, así como Enrique Franco Muñoz y Alfonso Román Quiroz.
Fuentes judiciales señalan que la cercanía de este último con el gobernador Martín Orozco, de Acción Nacional, lo convierte en el principal sospechoso de haber filtrado el documento.