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Un juez federal concedió una suspensión a favor del ejido de Amilcingo, Morelos, y ordenó detener la construcción del gasoducto que abastecerá a la termoeléctrica instalada en Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).
Esta determinación ocurre como parte del litigio que mantienen sesenta comunidades aledañas al megaproyecto edificado por las empresas españolas Abengoa y Elecnor, tras haber ganado la licitación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para su construcción.
El juez noveno de Distrito en Morelos otorgó la suspensión de plano del gasoducto, cuya inversión fue de 20 mil millones de pesos y que pretendía surtir de gas natural al estado, así como producir energía eléctrica en esta entidad.
El gasoducto comprendía, en su primer fase, un punto de conexión con un ramal de Tlaxcala. En la segunda fase atravesaría algunos municipios de Puebla y llegaría a 80 comunidades de Morelos. En la entidad, el tramo abarcaría 123.5 kilómetros con un ducto de 30 pulgadas.
En su tercera fase se contemplaba un acueducto de 48.5 kilómetros con el que se revestirían los canales de agua de la región oriente para regar los cultivos con el agua tratada que se habría usado para enfriar las turbinas de la termoeléctrica.
Los habitantes de las comunidades en donde se planteaba utilizar esta forma de riego manifestaron su incertidumbre respecto a la calidad del agua que se utilizaría, pues consideraron que contendría metales pesados difíciles de eliminar, por lo que provocaría para la salud. El gasoducto pasaría por poblados como Amilcingo.
La suspensión se otorgó con motivo de la ocupación ilegal de tierras que realizó el gasoducto Morelos en el ejido de dicha comunidad.
La determinación del juez es considerada 'como un logro y un respiro' para los pobladores 'contra la corrupción' de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las personas manifestaron que durante el tiempo que mostraron su oposición al megaproyecto varias personas resultaron encarceladas, perseguidas y heridas.
La lucha en contra del PIM la impulsó el activista social Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado el pasado 20 de febrero en su domicilio, a escasos días de celebrarse la consulta ciudadana para definir la situación de la termoeléctrica y el gasoducto, misma que organizó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Tras los resultados de dicho ejercicio del Gobierno federal, los pobladores y ejidatarios de Amilcingo decidieron ampararse, pues de esta manera, al impedir el paso del gasoducto por esta comunidad, éste ya no seguiría su edificación a lo largo del estado.
El PIM cuenta con 10 amparos promovidos por 11 comunidades indígenas.