MADRID.- El juez español Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional de España, tomará la declaración de Humberto Moreira el próximo viernes y decidirá si enfrenta en prisión o libertad el juicio por los diversos delitos por los que fue detenido el viernes pasado.
Fuentes jurídicas españolas indicaron que el magistrado valorará conforme a las declaraciones de Moreira y las pruebas de su defensa si le deja en libertad o si ratifica el auto de ingreso en prisión que el viernes pasado le dictó el juez de guardia José de la Mata.
Moreira, exgobernador de Coahuila, entre 2005 y 2011, fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas por orden del juez Pedraz a petición de la Fiscalía Anticorrupción de España, tras llegar en un vuelo procedente de México.
Se le acusa de lavado de dinero, organización criminal, malversación de caudales públicos y cohecho, según los autos judiciales conocidos.
Debido a que fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional en horas no laborables, el juzgado de guardia -ese día a cargo de José de la Mota- revisó el caso en una vista oral en la que la fiscalía pidió prisión sin fianza por riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
En esa comparecencia inicial, se conoció que a Moreira se le investiga en España desde hace año y medio. Cuando radicó en 2013 en Barcelona recibió en cuatro cuentas bancarias de entidades españolas envíos que suman 200 mil euros.
Moreira dijo al juez De la Mata que ese dinero era su manutención mientras realizaba su posgrado en Barcelona, y que fue enviado por dos empresas de su propiedad: Unipolares y Espectaculares del Norte, y Negocios, Asesoría y Publicidad.
Por ello, será el juez encargado de esta instrucción, Santiago Pedraz, el que le tome la declaración al político mexicano.
Para la comparecencia, la defensa del político prepara los recursos que ayuden a demostrar que tiene arraigo en España y puede permanecer en el país sin riesgo de fuga.
La investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de España está bajo secreto de sumario, por lo que se desconocen algunos contenidos de la causa judicial.