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VICTORIA.- El juez Juan Artemio Haro Morales otorgó este miércoles a la Fiscalía de Tamaulipas una ampliación del plazo de la investigación complementaria hasta por tres meses para aportar más pruebas en contra del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández.
El priista enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 41 millones de pesos, según consta en la carpeta procesal 0237/2018.
El exgobernador tamaulipeco se encuentra recluido en el Centro Preventivo y de Readaptación Social en San Mateo Atenco, Estado de México, desde donde siguió la audiencia a través de videoconferencia, acompañado por el abogado que encabeza su defensa, Juan Antonio Collado Mocelo.
En tanto, en la sala de audiencia en Victoria se encuentran los asesores legales, Javier López García y José Isabel Luna Chávez.
En entrevista, López García dijo no estar de acuerdo con la decisión del juez, pues consideró que la Fiscalía tenía los medios para obtener la información que requería y no lo hizo, con lo que se dilata el procedimiento en contra del imputado.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, Eugenio Hernández tuvo un incremento patrimonial injustificado y por tanto ilegítimo, dado que no se pudo determinar el origen de ingresos por 40 millones 967 mil 794.28 pesos durante su función pública como diputado federal, alcalde y gobernador del 2000 al 2010.
El exmandatario fue detenido el 6 de octubre de 2017, acusado de presuntamente haber adquirido en 2007, a través de un prestanombres, una superficie de mil 600 hectáreas en el puerto de Altamira, propiedad del patrimonio estatal.
Otro de los procesos que se le sigue a Hernández Flores es la extradición a Estados Unidos. La Corte Federal del Distrito Sur de Texas busca procesarlo por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero.
El defensor López García dio a conocer que el exgobernador enfrenta una nueva acusación (que consta en la carpeta 33/2018) por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, por la que se le decretó un auto de formal prisión apenas el pasado 24 de diciembre del 2018.
"Acudiremos a los tribunales federales para solicitar su intervención en el asunto, porque al igual que los demás, no está sustentado en ninguna prueba directa", detalló.
También explicó que la Fiscalía acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la presunta adquisición de un terreno en Victoria, asegurando que su defendido no es propietario del mismo.
El abogado acusó que la Fiscalía Anticorrupción no les ha permitido el acceso a las investigaciones que llevaron a cabo.
"Tendrían por obligación que darnos esas carpetas y el acceso a la misma, por eso acudimos al Juez de control para que le ordene a la Fiscalía el acceso", señaló.