CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de defender a capa y espada la iniciativa ciudadana #3de3, organismos de la cúpula empresarial del país metieron reversa a este respaldo y enviaron al presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero Morales, un documento para hacer modificaciones al proyecto de ley, que discute actualmente en comisiones.
En la misiva, firmada por los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra-NL), presentaron un documento con las distintas observaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como #3de3.
Previo a las elecciones del 5 de junio, estas organizaciones empresariales emprendieron una campaña para responsabilizar los senadores de no haber aprobado las leyes anticorrupción antes del vencimiento de su plazo constitucional, el pasado 28 de mayo.
En la propuesta, los empresarios mexicanos piden reconsiderar la redacción del Artículo 81 sobre las sanciones que podrían hacerse acreedores los particulares en caso de faltas administrativas graves que deriven en un acto que cause perjuicio a la Hacienda Pública.
La iniciativa ciudadana #3de3 –que impulsaron Transparencia Mexicana (TM) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y a la que se sumaron estas cúpulas del sector privado– establece en el inciso "d" de ese artículo que las sanciones pueden ir hasta la "disolución de la sociedad respectiva".
Además, puntualiza que dicha disolución "consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral para el cumplimiento del fin para el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una falta administrativa grave prevista en esta ley".
No obstante, los empresarios de México proponen que en estos casos se establezca la figura jurídica de la "intervención de la sociedad", ya que "por la gravedad de aplicar sanciones y causar daños innecesarios, las mismas deben ejecutarse hasta que hayan causado estado".